El funcionario señaló que varios adjudicatarios tienen deudas millonarias con el municipio y exhortó a la legalización de contratos para evitar más irregularidades.

En medio del debate de control político realizado el pasado viernes en el Concejo de Ibagué, el personero municipal de Ibagué, Educardo Espinosa, expuso las problemáticas relacionadas con los contratos de uso en las plazas de mercado, especialmente en lo que respecta a la renovación de los mismos. El funcionario destacó las irregularidades que se han evidenciado en la gestión de estos contratos, especialmente aquellos asociados a personas que, a pesar de no cumplir con las normativas, continúan operando en los locales.

«Si en algo insistimos desde la personería municipal como Ministerio Público es que tenía o tendría o debería legalizarse la permanencia de quienes son adjudicatarios en las plazas de mercado», afirmó. Según el personero, muchos de los ocupantes de los locales no tienen contratos legalizados, mientras que otros que figuran como adjudicatarios ya han fallecido, dejando a familiares como ocupantes de los puestos. «Encontramos que muchas personas que están haciendo uso de locales en la plaza de mercado están con un contrato y muchos no tienen contrato pero tienen adjudicado, entre comillas, un local», señaló.

El personero también mencionó el caso de una señora en particular, quien estaba haciendo uso de varios puestos en la Plaza de Mercado El Jardín, a pesar de tener una deuda de aproximadamente 20 millones de pesos con Infibagué. Este tipo de situaciones, según él, revela la necesidad urgente de regularizar los contratos y exigir el cumplimiento de los pagos pendientes.

Le puede interesar: Exconcejal de Melgar sancionado por presunta doble militancia

Tambien, subrayó que el proceso de legalización es crucial para garantizar la transparencia en la gestión de estos espacios, y destacó que el Estado debe actuar conforme a la ley. «El Estado tiene que obrar y actuar en consecuencia con la norma», afirmó. Además, aclaró que los contratos estatales no pueden ser prorrogados automáticamente, y que corresponde a la administración decidir si los contratos deben renovarse por uno, dos o más años, dependiendo de un estudio interno.

Por otro lado, el personero también señaló la gran preocupación generada por la alta morosidad en los pagos de los adjudicatarios. «Muchos locales no llegan a 100 mil pesos de arrendamiento, pero le deben a la ciudad 7, 8, 10 millones», destacó, haciendo un llamado a los adjudicatarios a regularizar sus deudas con la ciudad. «La ciudad está perdiendo plata», agregó, y enfatizó que este tipo de situaciones podría derivar en sanciones disciplinarias para los funcionarios involucrados.

Finalmente, el personero reiteró su llamado a la Administración Municipal y a Infibagué para que continúen con el proceso de renovación de los contratos y la recuperación de la cartera morosa. «Nosotros como gente de control tenemos que hacer los requerimientos del caso y los hicimos», concluyó.