¿Peligran los $63.000 millones tras caerse la cesión del predio del Hospital Materno Infantil?

Los reparos jurídicos expuestos por el personero Educardo Espinosa sobre la titularidad del terreno en la Arboleda Campestre, llevó a la plenaria a archivar el trámite que buscaba transferir el área a la red pública hospitalaria, dejando en incertidumbre el convenio con la Nación.

La decisión de la mayoría de los concejales de Ibagué de decirle NO al Proyecto de Acuerdo 037 de 2026, el cual autorizaba a la administración local a ceder a título gratuito un predio de aproximadamente 24.000 metros cuadrados en la Comuna 9 a la Unidad de Salud de Ibagué (USI), prendió las alarmas.

La votación concluyó con 12 votos en contra, seis a favor y una ausencia. Los cabildantes que respaldaron la iniciativa fueron:

Silvia Ortiz (Centro Democrático)
William Rosas (Alianza Verde)
Andrés Zambrano (Alianza Verde)
Javier Mora (Partido Liberal)
Julián Serna (AICO)
Camilo Tavera (MIRA)

La iniciativa gestionada ante el Gobierno Nacional durante el periodo ministerial de Guillermo Alfonso Jaramillo, compromete una partida global cercana a los $63.000 millones. De esa suma, la USI ya cuenta con un primer desembolso de aproximadamente $18.900 millones efectuado a finales de junio de 2026. No obstante, los plazos para contratar las obras bajo la modalidad «llave en mano» vencen a finales de septiembre; de no cumplirse ese cronograma, el Ministerio de Salud podría ordenar el reintegro de los recursos junto con los rendimientos financieros generados.

Le puede interesar: ¿Tambalean las curules de Renzo García y Marco Emilio Hincapié?

El obstáculo principal fue de orden legal. El personero municipal Educardo Municipal advirtió que el terreno está catalogado formalmente como espacio público (cesión tipo A por carga urbanística) y no como un bien fiscal, lo que impide su transferencia directa sin un proceso previo de compensación o sustitución de área.

Frente a esto, los concejales defensores argumentaron que el predio posee destinación para equipamiento institucional y alertaron sobre el riesgo inminente de perder una inversión histórica para la salud materna e infantil del departamento.

La mayoría del cabildo prefirió frenar el proyecto hasta aclarar la titularidad del lote, reflejando el dilema entre cumplir con el debido proceso legal o acelerar la inversión asignada por la Nación.

El municipio ahora enfrenta el dilema de subsanar los reparos sobre el espacio público o arriesgar un proyecto asistencial prioritario ante el déficit de camas pediátricas y obstétricas. Si bien el gobierno local podría presentar de nuevo el proyecto, los plazos fijados por el Ministerio de Salud siguen corriendo.