La senadora y candidata presidencial instó a la Fiscalía General de la Nación reactivar de inmediato la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, comandante del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

En un video publicado en su cuenta de X y en una carta formal dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, Paloma Valencia afirmó que la Corte Constitucional ha sido clara: la Rama Judicial no necesita permiso del Gobierno para tramitar capturas de personas que, pese a tener la calidad de “gestores de paz”, continúan delinquiendo.

“La Fiscalía General de la Nación debe reactivar de inmediato la orden de captura contra ‘Calarcá’ y proceder con su búsqueda”, escribió la senadora en su red social.

¿Quién es alias ‘Calarcá’ y cuál es el contexto?

Alexander Díaz Mendoza, conocido como ‘Calarcá Córdoba’ o ‘Calarcá’, es un exguerrillero de las FARC que no se desmovilizó tras el Acuerdo de Paz de 2016. Actualmente lidera el EMBF, una estructura disidente con presencia en departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y otros, y que ha sido señalada por inteligencia militar y policial de continuar actividades de narcotráfico, reclutamiento y control territorial.

Como parte del proceso de “Paz Total”, el Gobierno le otorgó la figura de gestor de paz, lo que permitió la suspensión temporal de las órdenes de captura en su contra y en las de otros miembros de su estructura.

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Sin embargo, reportes de inteligencia y denuncias de la Fiscalía indican que, durante ese período, el grupo se habría fortalecido significativamente (con un crecimiento estimado del 111 % en su pie de fuerza) y que ‘Calarcá’ habría ordenado crímenes y mantenido nexos con funcionarios públicos.

El fallo de la Corte Constitucional

La senadora fundamenta su solicitud en la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que declaró exequible la suspensión de órdenes de captura a miembros de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, pero con condiciones estrictas: el Gobierno debe justificar la medida y la Rama Judicial debe valorar caso por caso si se cumplen los requisitos de no cometer nuevos delitos. La Corte enfatizó que la suspensión no es automática ni indefinida.

«La Rama Judicial no necesita permiso del gobierno para tramitar la captura de los criminales que, con rótulo de gestores de paz, siguen delinquiendo», reiteró Valencia en el video difundido este martes.

Reacciones y situación actual

Hasta el momento, la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no han emitido una respuesta oficial a la carta de la senadora. La semana pasada, la fiscal Camargo y el comisionado Otty Patiño sostuvieron una reunión para revisar la metodología de evaluación periódica de estas suspensiones, como lo establece la Ley 2272 de 2022 y el fallo de la Corte.

Este pronunciamiento de Paloma Valencia se inscribe en el debate político sobre los límites de la política de “Paz Total”, que busca negociaciones con diversos grupos armados pero ha sido cuestionada por sectores de oposición que consideran que algunos beneficios se otorgan sin suficiente control sobre el cese de la violencia.