La Contraloría General de la República lo investiga por presuntas irregularidades en millonario contrato de obra vial en el municipio de Planadas, sur del Tolima.

La Contraloría General de la República (CGR), le pone la lupa al senador conservador Óscar Barreto, destapando un presunto entramado de irregularidades en un contrato de obra que, lejos de mejorar la movilidad entre el municipio de Planadas y el corregimiento de Gaitania, dando como resultado un daño patrimonial que supera los $2.607 millones.

De acuerdo con la entidad, se encuentra un contrato suscrito en 2012, cuyo propósito era la pavimentación de 17 kilómetros. Sin embargo, tras una minuciosa investigación iniciada en 2021, la CGR descubrió un panorama desolador.

Visitas de campo revelaron que el pavimento «se encontraba desplazado terreno abajo», dejando en evidencia el fracaso de una obra que en teoría, debería haber culminado en 2020.

La trama se complica al involucrar a la Gobernación del Tolima, la Jefatura de Ingenieros Militares y Fonade (ahora conocida como Enterritorio) en un convenio que, en lugar de construir una vía funcional, dio paso a una infraestructura inútil.

La indagación de la Contraloría se extiende también al brigadier general retirado Guillermo Suárez Ferreira, responsable de la Jefatura de Ingenieros en aquel momento.

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Aunque el informe de la Contraloría destaca la advertencia previa del interventor sobre fallas en estudios y diseños, estas señales fueron ignoradas.

Agrietamientos, hundimientos y levantamientos del pavimento son solo algunas de las consecuencias de un proyecto que desde sus cimientos, estaba destinado al fracaso.

El caso adquiere matices más oscuros al descubrir que, a pesar de la sucesión de dos gobernadores más, Luis Carlos Delgado y Ricardo Orozco, ninguno detectó las irregularidades en este proyecto millonario que se desplegaba en la zona rural del sur del Tolima.

Finalmente, cabe destacar, que el senador Barreto, actualmente bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia, enfrenta una investigación por presuntas irregularidades en 12 contratos de obra pública durante su mandato como gobernador del Tolima. Estos proyectos, que ascienden a cerca de $35.000 millones, sugieren un patrón de conducta cuestionable que ahora se revela con toda su magnitud.