Nos mienten en la cara, pero piden que confiemos en la institucionalidad: “la tragedia de los Comunes”

Por: Dahian García

El reciente escándalo en Ibagué, relacionado con el contrato entre la Alcaldía de Ibagué y la Unión Temporal Parking A&S, ha dejado al descubierto un problema que afecta directamente a la democracia; la creciente desconfianza en las instituciones y la falta de transparencia en la gestión pública. La concesión de los parqueaderos del Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la Calle 42, un acuerdo de 11 años en el que el concesionario pagaría al IMDRI una cuota mensual del 20% sobre la liquidez generada, no solo es un mal ejemplo de manejo de lo público, sino también un reflejo de cómo los intereses privados y políticos se imponen sobre los derechos de los ciudadanos.

Este contrato, cuyo objetivo es la modernización y operación del parqueadero público, es un claro ejemplo de cómo la política local ha dejado de ser un espacio para la deliberación y la participación ciudadana. A pesar de que se trata de un bien público que afecta directamente a los habitantes de Ibagué, el proceso de adjudicación pasó casi desapercibido para la comunidad. Y lo más grave es que los concejales, quienes deberían ser los guardianes de la voluntad popular, afirmaron en su mayoría desconocer los detalles del contrato y el proceso de selección.

El escándalo de la concesión del parqueadero para el parque deportivo abrió un debate importante sobre que tanto poder le damos al ejecutivo cuando se pasan por encima del concejo municipal quienes son los representantes de los ciudadanos, sin embargo la política está cambiando para ser una democracia más directa, sin importar que tenemos unos representantes que hablan por cada una de las poblaciones existentes podemos afirmar que hay escenarios donde si se debe preguntar de manera directa al ciudadano de a pie, y este es el caso del contrato entre público y ´privado para 11 años que se tenían bien guardado el gerente del IMDRI y el esposo de una concejal del municipio de Ibagué. Los concejales en su mayoría mencionaron sorpresa, afirmaron desconocer la creación del documento y el proceso de selección a aparte de la propuesta.

Sin embargo, cuando se les dio la oportunidad al concejo de convocar un cabildo abierto para que los ciudadanos pudieran expresar sus opiniones sobre el tema, la mayoría votó en contra. Este acto refleja el distanciamiento entre las autoridades electas y los ciudadanos, y plantea la siguiente pregunta: ¿realmente estamos viviendo en una democracia representativa, o solo estamos siendo testigos de decisiones tomadas por unos pocos, sin rendir cuentas a la sociedad?

Este tipo de situaciones nos enfrenta a lo que los economistas llaman la «tragedia de los comunes»: cuando los recursos compartidos son gestionados de manera irresponsable, ya sea por intereses privados o por una mala administración pública. El contrato con Union Temporal Parking A&S es un claro ejemplo de cómo un bien común, como el uso de los parqueaderos públicos, se convierte en un negocio privado sin el consentimiento o la participación activa de quienes deberían ser los verdaderos dueños de esos recursos: los ciudadanos.

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En este contexto, la democracia representativa está fallando. Si bien los concejales de Ibagué fueron elegidos para representar a sus comunidades, la falta de participación pública en este tipo de decisiones cuestiona la legitimidad de sus acciones. ¿Acaso no es su deber convocar a los ciudadanos y permitirles que se expresen sobre un tema tan relevante como la gestión de los bienes públicos? ¿Por qué permitir que un acuerdo de 11 años sea decidido sin que el pueblo pueda opinar?

La respuesta parece clara: en algunos casos, la democracia directa es esencial. Si bien los concejales tienen la responsabilidad de representarnos, hay situaciones en las que la participación directa de la ciudadanía debería ser la norma. En temas tan relevantes como este, que afectan los recursos públicos, el cabildo abierto debería ser un mecanismo regular de consulta. No podemos permitir que decisiones tan trascendentales sean tomadas sin escuchar a quienes realmente se verán afectados por ellas.

La desconfianza creciente en las instituciones

La crisis de confianza en las instituciones es un fenómeno que va más allá de este escándalo. Vivimos en una época en la que las decisiones políticas son tomadas cada vez más a espaldas de la ciudadanía. En lugar de ser transparentes y consultar al pueblo, los políticos prefieren actuar con opacidad y de espaldas a la sociedad, confiando en que la indiferencia de los ciudadanos les permitirá seguir gobernando sin cuestionamientos.

Este contrato de concesión de parqueaderos es solo un ejemplo más de cómo las instituciones democráticas pierden su legitimidad cuando no son transparentes ni inclusivas. En un momento en que la desconfianza en las autoridades es cada vez mayor, es urgente que las instituciones recobren su credibilidad. Y esto solo se logrará con una participación real de la ciudadanía, que debe ser llamada a opinar y decidir sobre los temas que la afectan directamente.

La tragedia de los comunes es una realidad que enfrentamos todos los días, y no podemos permitir que nuestros bienes públicos se sigan manejando de manera opaca y en beneficio de unos pocos. El pueblo debe ser escuchado. Y si las instituciones no están dispuestas a garantizar una participación efectiva, será hora de replantear el concepto de democracia que estamos viviendo. Solo así podremos recuperar la confianza en nuestras instituciones y proteger lo que es verdaderamente de todos.

Invito al concejo de Ibagué a permitirle a los ciudadanos hablar y expresarse en el recinto del concejo sin miedo de que los opriman en el espacio y que sean libres de expresar su descontento frente a la falta de transparencia y ofrezcan soluciones desde el ciudadano que cotidianamente vive el uso de los espacios deportivos públicos del municipio.