Por: Felipe Ferro – Diputado del Tolima

En Ortega no se encendió un debate: se encendió una vergüenza. Lo que ocurrió en el Concejo Municipal el 19 de noviembre no fue una discusión política acalorada, ni un cruce de argumentos legítimos sobre la gestión departamental. Fue un acto de violencia política de género en su definición más cruda. El presidente del Concejo, Luis Eduardo Suárez, comparó a la Gobernadora Adriana Magali Matiz con una “vaca que no puede parir”, acompañando el insulto con gestos obscenos y señas indecentes. No es una frase desafortunada: es un ataque que busca degradar, animalizar y despojar de dignidad a una mujer que ocupa el cargo más alto del departamento. Y eso, en democracia, es intolerable.

No se trató de control político. No se trató de exigir respuestas a un derecho de petición o de reclamar visitas técnicas. Se trató de destruir a una mujer en su esfera pública usando su condición de mujer como arma. Porque ningún concejal hombre, ante un Gobernador hombre, usaría metáforas sobre su capacidad reproductiva o su “utilidad”. La violencia verbal contra lideresas políticas no es anecdótica: según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 53% de las mujeres en política en América Latina reportan haber sido agredidas verbalmente por colegas hombres. Este no es un exabrupto aislado: es parte de un patrón que busca excluir a las mujeres de la vida pública.

Lo más irónico es que, mientras Suárez la acusaba de “inacción”, la Gobernadora viene desarrollando el Tour de las Obras, interviniendo vías urbanas en Ortega y otros municipios. Es decir, mientras la Gobernación responde con proyectos, maquinaria y ejecución, el presidente del Concejo responde con gritos, insultos y rabia. Cuando se acaban los argumentos, empieza la vulgaridad. Y Suárez lo dejó claro: no tenía cifras, no tenía informes, no tenía datos. Tenía odio.

Le puede interesar: El cierre del ciclo escolar

Pero esta situación en Ortega no es un hecho aislado. En El Espinal, la presidenta del Concejo denunció que otra concejala la llamó “basura” en plena sesión. ¿Qué está pasando en los recintos sagrados de la democracia? ¿En qué momento dejamos que los espacios diseñados para deliberar se convirtieran en trincheras del irrespeto donde se lanzan insultos en vez de ideas? La degradación del lenguaje político no es un asunto menor: es el primer síntoma de la degradación de la institucionalidad.

Frente a lo ocurrido, distintas voces institucionales y ciudadanas han expresado un rechazo firme, recordando que la dignidad de los cargos públicos no puede someterse a los arrebatos personales de ningún concejal. La Veeduría Ciudadana de Ortega actuó con responsabilidad al anunciar una queja disciplinaria, y diversos sectores sociales han calificado el hecho como lo que es: violencia política de género. Pero estas reacciones no pueden quedarse en el papel. Se necesita que los organismos de control avancen con rigor, porque cada minuto de impunidad fortalece la idea de que agredir verbalmente a una mujer en el poder es un acto sin consecuencias.

Si permitimos que estos hechos queden impunes, se convertirá en un efecto dominó imparable. Y mañana, cuando insulten a otra lideresa, ya nadie se escandalizará. Por eso, este es el momento de trazar una línea clara: en el Tolima, la violencia política de género no tiene cabida. Las mujeres en el poder no piden privilegios. Exigen, con toda legitimidad, respeto. Y ese respeto no es negociable.