Por: Camilo Ernesto Ossa

La semana pasada surgieron dos hechos contradictorios en relación al desarrollo del sector rural de Ibagué, por un lado, una serie de anuncios en redes sociales del Alcalde Hurtado y, por el otro, las conclusiones de un debate en el Concejo Municipal de Ibagué, sobre los cuales, resaltan tres hechos altamente relevantes en relación a la dejación –histórica por demás- de la ruralidad ibaguereña, en la que, por la misma línea, va la departamental.

Primero, hay problemas graves en las vías, el uso del suelo apto para la producción, así como el cambio de cobertura del mismo, ni que decir en la producción y comercialización de los productos del campesinado. Segundo, la mala lectura que hace el gobierno local de las potencialidades rurales y su capacidad de incidir en los problemas económicos y sociales que aquejan a Ibagué, que, en esencia, responderían a los traídos en el Informe de Riesgos Globales 2023 del Foro Económico Mundial –FEM-, que señala como tales, algunos de los cuales ya padecemos en Colombia y, por supuesto, en el Tolima e Ibagué; el costo de vida, la pérdida de biodiversidad y el colapso de ecosistemas y la inseguridad alimentaria. Tercero, la alta capacidad de incumplir, el gobierno, las acciones y gestiones sobre las cuales, incluso, ya tiene aprobados los recursos.

Vamos por partes, en relación al primero, es claro el problema de desatención y dejación de las vías terciarias del municipio, quedó expuesto en el cabildo local, por supuesto, no es un problema exclusivo de Ibagué, pues según el INVIAS, en Colombia hay 142.284 kilómetros de vías rurales, de las cuales solo el 10% están en buen estado. Tienen razón los habitantes del sector rural en sus justos reclamos ¿cómo vamos a reducir la brecha en el acceso a los recursos tecnológicos? ¿Cómo vamos a reducir la pobreza si no hay condiciones, siquiera para sacar sus productos y poderlos comercializar y, de hacerlo, el costo es muy alto?, pero hay que ir más allá, para un municipio como Ibagué, en el cual la inflación golpea fuertemente, no solo por estar al alza, sino también por los indicadores de hambre y desempleo, la ruralidad es un factor esencial para nivelar los efectos del embate económico y social que atravesamos. Esta debería ser la línea de la política pública de ruralidad en Ibagué.

Sin embargo, junto a la vías, hay otro problema que incide en la capacidad de producción y comercialización rural y es el conflicto por el uso de la tierra. Según el IGAC, el 45% del territorio rural tolimense está en sobreutilización y el 9% en subutilización. El Tolima hoy día enciende las alarmas a nivel nacional debido a que nueve municipios tienen una sobrecarga de actividades como cultivos y ganados en zonas no aptas, es decir, que en 1.2 millones de hectáreas (en el departamento) no se respeta la verdadera vocación del suelo.

Tercero, inconcebible es que, ante las precarias condiciones de las vías rurales, el municipio tenga una baja ejecución presupuestal de la cartera responsable, retrasando la construcción de placa huella necesaria y, luego de dos años de aprobado un empréstito al gobierno local por 60 mil millones de pesos, de los cuales fueron autorizados 6 mil 800 millones para compra de maquinaria amarilla, ese proceso contractual, según lo revelado en el Concejo, no haya sido adelantado, entonces, a parte de estar endeudados, no se adelanten las procesos que requiere el campesino para el desarrollo suyo, de su entorno y el de toda Ibagué. Mucho globo y poca ejecución.