“Tengo la coraza de la dignidad”: el titular con el que Antonio Sanguino defiende su gestión y asegura que los vínculos laborales de su esposa y hermano se basan en méritos propios y existían antes de su llegada al cargo.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, utilizó su cuenta en X para pronunciarse este sábado frente a las denuncias que lo vinculan indirectamente con contratos estatales suscritos por su esposa, Diana Marcela Meza Arcila, y su hermano Jairo Sanguino, por un monto superior a los 1.000 millones de pesos desde 2022.

En su mensaje, el funcionario rechazó las acusaciones calificándolas de “infames ataques políticos y mediáticos” y las atribuyó a su impulso de reformas estructurales en materia laboral. Entre ellas mencionó el salario vital, la reforma laboral, la reforma pensional y los procesos de inspección y vigilancia a grandes empresas para garantizar los derechos de los trabajadores.

«Aquí me tendrán hasta el último suspiro con el pueblo trabajador», escribió Sanguino, subrayando que «tengo la coraza de la dignidad» para enfrentar las críticas.

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El ministro argumentó que uno de sus familiares –sin precisar quién– es un profesional con trayectoria y especialización, que percibe en promedio 10 millones 416 mil pesos mensuales por contratos con entidades nacionales y distritales. Insistió en que esos vínculos contractuales se originaron «mucho antes de este gobierno y de mi condición de ministro», y que se sustentan exclusivamente en los méritos profesionales de la persona, sin ninguna intervención suya.

Con ironía, agregó: «(no son corbatas)», en aparente alusión a que no se trata de favores o prebendas, sino de relaciones laborales formales.

Las revelaciones, impulsadas inicialmente por sectores de oposición, han generado un intenso debate en redes sociales y en el ámbito político. Mientras algunos cuestionan la posible existencia de conflictos de interés o favoritismos en la contratación pública durante la actual administración, otros sectores defienden al ministro destacando sus avances en políticas de protección al trabajo digno y consideran las críticas como parte de una estrategia de desprestigio contra el Gobierno Nacional.

Hasta el momento no se han conocido pronunciamientos oficiales adicionales por parte de la Presidencia ni de las entidades mencionadas en los contratos. El tema, sin embargo, continúa alimentando la conversación pública sobre transparencia, nepotismo y ética en la función pública.