Mientras se advierte sobre posibles daños irreversibles, la autoridad ambiental defiende su gestión.

El avance de la minería ilegal en el departamento del Tolima ha generado pronunciamientos desde distintos sectores, evidenciando diferencias en torno a la gestión y respuesta institucional frente a esta problemática ambiental.

El representante electo a la Cámara, Renzo García, hizo un llamado a la Cortolima para que declare una emergencia ambiental, argumentando que el crecimiento de esta actividad podría tener consecuencias irreversibles si no se toman medidas inmediatas.

«Es indispensable que desde ya declare una especie de emergencia social ambiental para que se genere una convergencia del Estado en todos sus niveles», señaló García, quien también advirtió sobre la magnitud del fenómeno: «no estamos hablando del pequeño minero, estamos hablando de una minería que está asociada con grupos delincuenciales… hoy están avanzando, destruyendo el territorio».

El representante también enfatizó la necesidad de proteger recursos estratégicos del departamento: «Garantizar no solamente la preservación de la principal cuenca hidrográfica del departamento del Tolima, que es la del río Saldaña… sino también garantizar ese derecho colectivo al ambiente sano».

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Por su parte, la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, respondió a los cuestionamientos señalando que la entidad ha venido desarrollando acciones concretas y que el enfoque debe centrarse en el trabajo articulado.

«Echarle culpas desde el escritorio es muy fácil, echarle culpas desde los micrófonos es muy fácil», expresó la funcionaria, quien agregó que desde el año anterior se han adelantado gestiones y operativos en coordinación con otras autoridades.

Asimismo, indicó: «Necesitamos acciones integrales y eso es en lo que estamos trabajando… no solamente los operativos que coordinamos directamente en Cortolima, sino los que se coordinan desde el Gobierno Nacional».

Finalmente, la directora insistió en la importancia de la cooperación institucional: «se trata de articular, no de echar culpa, sino de hacer. Es que hablar es muy fácil, hacer es lo complejo».

El tema continúa siendo objeto de debate en el departamento, mientras autoridades y líderes políticos coinciden en la necesidad de fortalecer las acciones frente a la minería ilegal, aunque con visiones distintas sobre la forma de abordarla.