Mauricio Lizcano podría perder personería de su partido Gente en Movimiento tras concepto de la Procuraduría

La PGN señala que el movimiento no cumple los requisitos constitucionales y que su caso no es comparable con el del Nuevo Liberalismo, pese a los hechos de violencia invocados por su líder.

La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicitó anular la Resolución 2938 del 19 de abril de 2023, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la personería jurídica al partido político Gente en Movimiento, liderado por el exministro TIC y actual precandidato presidencial por firmas, Mauricio Lizcano.

El partido obtuvo su reconocimiento en 2023 bajo el argumento de que la violencia política, especialmente el secuestro de Óscar Tulio Lizcano a manos de las FARC entre 2000 y 2008, afectó su capacidad de competir electoralmente. Sin embargo, el Ministerio Público señaló que, si bien existieron actos de violencia graves, no se probó una relación directa y efectiva entre esos hechos y la imposibilidad de participar en política de un partido previamente constituido, como exige el precedente constitucional.

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La Procuraduría cuestionó que el CNE aplicara al caso el mismo criterio de la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional que permitió restituir la personería al Nuevo Liberalismo tras el asesinato de su líder, Luis Carlos Galán, advirtiendo que Gente en Movimiento no existía al momento del secuestro y que, a diferencia del Nuevo Liberalismo, no perdió a su dirigente principal en medio del ejercicio político.

Para el Ministerio Público, la medida desconoció el artículo 108 de la Constitución, que exige al menos el 3 % de la votación nacional en elecciones legislativas para adquirir o conservar la personería, y podría sentar un precedente que incentive la proliferación de partidos sin cumplir con los requisitos ordinarios.

Si el Consejo de Estado acoge el concepto y anula la personería, Gente en Movimiento perdería acceso a financiación estatal, la facultad de avalar candidatos y la representación ante el CNE. El alto tribunal decidirá en las próximas semanas si mantiene o tumba el reconocimiento jurídico de la colectividad.