Lo que faltaba, nuestros ahorros bajo amenaza de expropiación: El riesgo de las inversiones forzosas de Petro

Por: Felipe Ferro

En la historia de Colombia, pocas propuestas han generado tanto temor como la idea de las «inversiones forzosas» del gobierno de Petro. Esta iniciativa, enmascarada como una herramienta de reactivación económica, es en realidad una expropiación diferida que amenaza el corazón del ahorro de millones de colombianos.

Imaginen por un momento que el dinero que han guardado con tanto esfuerzo, destinado a sus hijos, a su retiro o a una emergencia futura, sea utilizado por el gobierno como si fuera un cajero automático personal. Es una propuesta que va más allá de la economía; es un asalto a la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero del país.

El concepto de «inversiones forzosas» es una maniobra peligrosa y demencial que pretende que los ahorros de los colombianos sean utilizados en proyectos elegidos a dedo por el gobierno, sin la debida evaluación del riesgo. No estamos hablando de inversiones cuidadosamente analizadas por expertos financieros; estamos hablando de decisiones impuestas por la burocracia corrupta de este gobierno, que podrían estar motivadas más por intereses políticos que por el bien común. Tal como lo advirtió el exministro José Manuel Restrepo, esta medida se asemeja a una «cuasi expropiación», un término que subraya la gravedad de lo que está en juego.

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En un país que ha experimentado un crecimiento económico cercano al 0% durante cuatro trimestres consecutivos, la prioridad debería ser la reactivación económica basada en principios sólidos, no en experimentos económicos que ponen en peligro la estabilidad. La propuesta de «inversiones forzosas» es una receta para el desastre. No solo desviará el dinero ahorrado de los colombianos hacia proyectos con un alto riesgo de fracasar, sino que también podría abrir la puerta a un manejo clientelista de los recursos, como ya pasó con en el caso de la UNGRD, donde la lógica política y los favores personales superen los criterios de rentabilidad y sostenibilidad.

El gobierno de Petro parece seguir los pasos de regímenes comunistas como el de Nicolás Maduro en Venezuela o el expresidente Alberto Fernández en Argentina, donde la intervención estatal en la economía ha llevado a crisis devastadoras. En Venezuela, el manejo estatal de los recursos ha resultado en hiperinflación y en la pérdida total de confianza en las instituciones financieras. En Argentina, las políticas de control estatal han contribuido a una inflación que figura entre las más altas del mundo. Estos ejemplos deberían servir como una advertencia clara de los peligros de seguir este camino.

Es fundamental que tanto el Congreso como las Cortes actúen con firmeza para proteger los derechos de los ciudadanos. No podemos permitir que esta agresión a los ahorros se materialice. Proteger el ahorro es un deber moral, un compromiso con el futuro de Colombia. Permitir que esta propuesta avance es condenar a la nación a repetir los errores que han destruido otras economías en la región. No es solo una cuestión de economía; es una cuestión de respeto a la confianza depositada por millones de colombianos en el sistema financiero.