Tolima
La Procuraduría pide mantener el triunfo electoral de la gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz
El Ministerio Público, señala que los demandantes no han presentado evidencias sólidas y convincentes que demuestren irregularidades o fraude a gran escala que invaliden el proceso electoral.
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado que se niegue la demanda de nulidad electoral presentada contra los comicios en los que resultó elegida Adriana Magali Matiz como gobernadora del departamento del Tolima.
Según el organismo de control, los argumentos de los demandantes carecen de pruebas contundentes que demuestren irregularidades o fraude que justifiquen anular el proceso electoral, especialmente por una presunta doble militancia de la mandataria seccional.
En un comunicado, el Ministerio Público señaló que «no se han presentado evidencias suficientes y sólidas que comprometan gravemente la legitimidad y legalidad del triunfo de la gobernadora electa«.
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El ente de control enfatizó la importancia de respetar la voluntad popular expresada en las urnas, a menos que existan violaciones graves que invaliden el proceso.
La Procuraduría argumentó que anular los resultados electorales iría en contra de los principios democráticos, a menos que se demuestre con claridad la ocurrencia de irregularidades que afecten la transparencia de los comicios.
Finalmente, ahora, corresponderá al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de Estado, analizar los planteamientos de ambas partes y emitir una decisión final sobre la validez de las elecciones en el Tolima.
Argumentos para oponerse a la demanda de nulidad electoral.
1. La Procuraduría señala que los demandantes no han presentado evidencias sólidas y convincentes que demuestren irregularidades o fraude a gran escala que invaliden el proceso electoral.
2. El organismo de control afirma que no se han identificado violaciones graves o generalizadas que pongan en duda la legitimidad del triunfo de Adriana Magali Matiz.
3. La importancia de respetar la decisión de los electores expresada en las urnas, a menos que existan pruebas irrefutables de manipulación del proceso.
4. El ente de control subraya que anular los resultados electorales iría en contra de los principios democráticos, a menos que se demuestre con total claridad la ocurrencia de irregularidades graves.
