La posición que Colombia no puede eludir

Por: Luis Antonio Castro

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, Colombia enfrenta una decisión que va mucho más allá de la coyuntura: definir si su política exterior seguirá guiándose por el derecho internacional o por la lógica de alineamientos automáticos. No se trata de escoger bandos ideológicos, sino de proteger intereses nacionales en un escenario de alto riesgo regional.

La información que circula sobre acciones militares unilaterales y eventuales capturas de autoridades venezolanas aún está en proceso de verificación plena. Sin embargo, incluso antes de que todos los hechos se confirmen, el daño político ya está hecho: el uso de la fuerza vuelve a instalarse como herramienta legítima del poder internacional. Para Colombia, ese precedente no es abstracto ni lejano; es una amenaza directa a su seguridad jurídica y estratégica.

Desde una perspectiva constitucional y liberal, la posición colombiana debe ser clara: defensa inequívoca del derecho internacional, rechazo al uso unilateral de la fuerza y exigencia de verificación multilateral independiente. Colombia es un Estado mediano, con una frontera históricamente inestable y con limitaciones estructurales para absorber choques externos. Normalizar la excepción hoy es debilitar la regla que mañana podría protegernos.

En términos políticos, Colombia no puede quedar atrapada entre el silencio complaciente y la retórica incendiaria. Alinearse sin matices con una potencia puede traer beneficios inmediatos, pero genera costos de largo plazo: pérdida2 de autonomía, deterioro de relaciones regionales y mayor exposición a represalias indirectas. Por otro lado, una defensa acrítica de gobiernos cuestionados tampoco fortalece la democracia ni los derechos humanos.

La posición correcta —y responsable— es otra: neutralidad activa con contenido jurídico, diplomacia firme pero no sumisa, y liderazgo regional en la exigencia de soluciones políticas. Colombia debe insistir en que cualquier controversia se tramite por los canales del derecho internacional, no por la vía de los hechos consumados. Esa no es una postura débil; es una postura estratégica.

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En materia de seguridad, esta posición también es pragmática. Una Venezuela más inestable significa más migración, más economías ilegales y más presión sobre la frontera oriental. Por eso, defender la paz regional no es solo una bandera ética: es una política de seguridad nacional y de protección social. La experiencia demuestra que cada crisis venezolana termina sintiéndose primero en Cúcuta, Arauca y La Guajira.

Colombia debe complementar su postura diplomática con preparación interna: fortalecer la presencia institucional en frontera, coordinar con organismos internacionales la atención migratoria y evitar que actores armados llenen vacíos de poder. La coherencia entre política exterior y seguridad interna es hoy indispensable.

En momentos de alta tensión internacional, los países que no definen su posición terminan asumiendo la que otros les imponen. Colombia no puede darse ese lujo. Defender el derecho internacional, el multilateralismo y la solución pacífica de controversias no es una consigna ideológica: es la única forma sensata de proteger la soberanía, la democracia y la estabilidad del país.

Porque cuando la fuerza reemplaza al derecho en la región, Colombia siempre termina pagando parte de la factura.