Cargos por presuntamente ejercer las funciones públicas encomendadas, a pesar de haber sido declarado responsable fiscalmente por la Contraloría y una Investigación por al parecer incumplir más de 40 obligaciones ambientales con el botadero a cielo abierto.

La Procuraduría General de la Nación adelanta dos actuaciones disciplinarias contra el alcalde municipal de Natagaima, Tolima, David Mauricio Andrade Ramírez (2020-2023).  En primer lugar, le formuló cargos porque, al parecer, continuó actuando como mandatario a pesar de estar incurso en inhabilidad para contratar con el Estado y desempeñar cargos públicos.

La presunta irregularidad cometida por el exfuncionario habría consistido en ejercer las funciones públicas que le fueron encomendadas, no obstante haber sido declarado responsable fiscalmente por la Contraloría departamental, con posterioridad a su vinculación como primera autoridad del municipio.

La Procuraduría recordó que la finalidad de las inhabilidades “no es otra que la de preservar la pulcritud de la administración pública, garantizar que los servidores públicos sean ciudadanos de comportamiento ejemplar y evitar que sus intereses personales se involucren en el manejo de los asuntos comunitarios, comprometiendo la imparcialidad, moralidad, igualdad y eficiencia de la Administración”.

En esta etapa, el ente de control calificó la presunta falta de Andrade Ramírez como grave a título de culpa gravísima, teniendo en cuenta que con su actuar pudo afectar un servicio esencial, lo cual podría tener repercusiones sociales en la medida en que hubo una desatención elemental a sus deberes.

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Los sujetos procesales podrán presentar descargos y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa. El expediente se remitirá al despacho correspondiente para que asuma el conocimiento de la etapa de juzgamiento respecto a los cargos formulados.

Investigación por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales

De otra parte, el ente de control abrió investigación al entonces alcalde, por la presunta omisión de sus funciones respecto al manejo y disposición final de residuos sólidos en un antiguo basurero ubicado en la vereda San Miguel.

El Ministerio Público investiga si el exmandatario incumplió más de 40 obligaciones ambientales en el marco del plan de abandono, cierre, clausura y post clausura del botadero a cielo abierto que venía funcionando desde el 2009, con lo cual habría generado al municipio la imposición de una multa por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) por valor de $108 millones.

Entre las posibles infracciones que citó el diario local que dio a conocer la noticia sobre la millonaria sanción impuesta a Natagaima están: una zona con avanzado grado de maleza, basuras dispuestas inadecuadamente, y falta de campañas de sensibilización para evitar el mal manejo de residuos sólidos, y de fumigación para controlar la proliferación de vectores en la zona, entre otras irregularidades.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral solicitó la práctica de pruebas para determinar si Andrade Ramírez incurrió en una conducta que pueda constituir falta disciplinaria y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría cometido, así como el perjuicio que habría podido causar a la administración pública.