Opinión

La Narrativa Terrorista

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Por: Carolina Torres

Sembrar terror mediante acciones violentas es la definición de terrorismo; sin embargo, este término también se ha utilizado para deslegitimar acciones en pro de la conquista de derechos. La educación, el voto, entre otros derechos fundamentales se lograron a través de los mecanismos de protesta, incomodando a los poderosos y privilegiados; quienes realmente han tenido los medios para sembrar terror.

El terrorismo no inicia con un disparo o un bombazo, inicia en el discurso, cuando convierten a los que incomodan en personajes peligrosos a los que se les puede lastimar.

Aceptar discursos como los del presidente Abelardo de la Espriella contra los estudiantes de las universidades públicas, hace que la vida y la integridad dejen de ser sagradas, para convertirse en objetivo militar, como nos lo muestra la historia.

Norma Patricia, estudiante de Ciencias Sociales en la universidad del Tolima, fue impactada por la bala de un fusil, disparada por las manos de un soldado, quien en cumplimiento del deber y siguiendo órdenes del Estado, le quitó la vida por protestar, para evitar que subieran las matrículas, en 1994. Su asesinato ha sido uno de los tantos argumentos que han mantenido a las fuerzas militares lejos de los campus de las universidades.

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Ahora Abelardo de la Espriella decidió emprender una ofensiva discursiva – o al parecer militar- contra la autonomía universitaria. Se camufla bajo la bandera del orden público e insiste en una narrativa en la que solo se permite percibir el ejercicio de la queja, el reclamo o la protesta como vandalismo en el mejor de los casos, y cuando no terrorismo.

Esta homologación no es un error de diccionario, sino una estrategia política dirigida a deslegitimar el pensamiento crítico y justificar la intervención armada en los campus universitarios y, una vez instalada la narrativa, en cualquier otro escenario. Poner la discusión en términos de terrorismo o vandalismo, nos quita la posibilidad de distinguir el ejercicio del derecho legítimo a la queja y la protesta.

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