La irresponsabilidad de la alcaldesa barretista de Murillo y su incumplimiento con el deber legal

Por: Mauricio Gutiérrez

Cuando un mandatario evade su obligación legal de rendir cuentas, la pregunta es inevitable: ¿Qué está ocultando? Eso es precisamente lo que hoy se preguntan los habitantes de Murillo, un municipio que, bajo la administración barretista de María Camila Sánchez Velásquez, se hunde en la negligencia, la opacidad y el caos administrativo. No es casualidad que la alcaldesa sea cercana al representante a la Cámara Gerardo Yepes, otra ficha del barretismo cuya gestión ha sido cuestionada. Parece que la consigna en este sector político es la misma: presuntamente eludir la transparencia y hacer de la administración pública un juego de intereses personales.

La Contraloría del Tolima ha puesto sobre la mesa un escándalo que ya era un secreto a voces: la alcaldesa de Murillo no cumplió con su obligación de rendir cuentas sobre su gestión anual en la vigencia 2024. Un hecho gravísimo que la pone en la mira de sanciones económicas y posibles procesos disciplinarios. Pero el desastre no se detiene ahí: la Empresa de Servicios Públicos de Murillo, también bajo su jurisdicción, tampoco cumplió con este deber legal. ¿Coincidencia o una maniobra desesperada del barretismo para esconder información comprometedora? Murillo está sumido en la sombra, pero no por su gente, sino por una administración que se niega a gobernar con transparencia y rectitud, con ocasión a estos hechos.

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Y esta no es la primera vez que la gestión de María Camila Sánchez Velásquez queda en vergüenza. En 2024, Murillo ocupó el puesto 46 de 47 en el Plan Operativo Anual del Departamento de Prosperidad Social, un resultado desastroso que expone su presunta incompetencia en la gestión administrativa. Pero en vez de corregir el rumbo, la alcaldesa sigue aferrada a su ineficiencia y a sus redes de poder político. En lugar de estar involucrándose en controversias innecesarias, que nada tienen que ver con su municipio debería estar trabajando con decencia, cumpliendo la ley y garantizando soluciones reales para los habitantes de Murillo.

Lo más preocupante es que Murillo no es el único municipio barretista que aparece en esta lista negra. Las alcaldías de Purificación, Ortega y Casabianca tampoco rindieron cuentas. ¿Estamos ante una estrategia de ocultamiento generalizada del barretismo? ¿Qué están escondiendo estos alcaldes? La rendición de cuentas no es opcional, es un deber constitucional. Si estos mandatarios evaden su responsabilidad, la ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas y la Contraloría, el deber de imponer sanciones ejemplares.

El barretismo sigue sumiendo al Tolima en el atraso, la presunta corrupción y la falta de transparencia. Gobiernan con la lógica del descaro y la impunidad, creyendo que nunca tendrán que rendir cuentas. Pero el Tolima ya no es el mismo, los ciudadanos están despertando y la Contraloría ha dado la primera advertencia. Es hora de que Murillo y todo el Tolima exijan el fin de estos gobiernos irresponsables.

Hoy, Murillo sufre las consecuencias de una administración incompetente, oscura y fallida. Pero los tiempos de impunidad no duran para siempre. La pregunta es directa y obligatoria: ¿Qué oculta María Camila Sánchez Velásquez? ¡Es momento de que dé la cara y rinda cuentas!