Opinión
La ciudad detrás de la cifra
Por: Francisco Suárez
Un presupuesto cercano a 1,7 billones de pesos puede parecer lejano, pero su verdadero tamaño se mide en la vida cotidiana, en el barrio que espera una vía transitable, el estudiante que necesita alimentación y transporte, la familia que reclama agua continua y el adulto mayor que no puede seguir esperando.
En Ibagué, hablar de 1,7 billones de pesos puede sonar como hablar de una ciudad rica, la cifra es tan grande que cuesta relacionarla con la vida diaria. Sin embargo, el presupuesto empieza a entenderse cuando un ibaguereño paga el predial, cuando un comerciante cumple con industria y comercio, cuando una familia espera que tapen el hueco de su cuadra o cuando una madre pregunta si el transporte escolar continuará el próximo año. Allí, lejos de las tablas de Excel y de los discursos oficiales, comienza el verdadero sentido de la plata pública.
Al 15 de noviembre, lo que estudia el Concejo sigue siendo un proyecto, no un presupuesto aprobado, la propuesta se acerca a 1,7 billones de pesos y destina más de 1,3 billones, el 80,5%, a inversión, es una señal importante, pero también una cifra que debemos leer con cuidado. Cerca de un billón provendría de transferencias nacionales que ya llegan destinadas a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, no son recursos que la Alcaldía pueda mover libremente de una necesidad a otra, por eso, decir que “casi todo será inversión” es cierto en términos presupuestales, pero no explica por sí solo cuánto margen real tiene Ibagué para decidir sus propias prioridades.
Ese matiz cambia la conversación, los recursos de libre destinación proyectados superan los 451.000 millones de pesos, pero también deben sostener el funcionamiento de la Administración, los compromisos financieros y una parte de la inversión local, el proyecto calcula más de 235.000 millones para funcionamiento y alrededor de 80.600 millones para atender la deuda, asociada, entre otras obligaciones, a empréstitos contratados por el municipio. No se trata de concluir que todo gasto administrativo es desperdicio ni que toda deuda es irresponsable, una Alcaldía necesita operar y una ciudad puede endeudarse para ejecutar obras que perduren. La pregunta responsable es otra ¿cada peso comprometido está produciendo un resultado que justifique el esfuerzo presente y futuro de los contribuyentes?
También debemos evitar una idea demasiado estrecha de la inversión, una ciudad no avanza únicamente cuando inaugura cemento, alimentar a un niño en el colegio, garantizar su transporte, cuidar a una persona mayor o sostener la atención en salud también transforma vidas, aunque no siempre produzca una placa para la fotografía. La Administración tiene razón cuando recuerda ese valor social, pero reconocerlo no puede servir para desatender las necesidades físicas que los ibaguereños padecemos a diario, la malla vial deteriorada, los problemas de movilidad, la seguridad, los escenarios deportivos, el espacio público y las brechas entre las comunas y las veredas.
La discusión se vuelve más sensible al mirar la capacidad proyectada para infraestructura, los reportes sobre la socialización del proyecto ubican esa asignación en unos 27.290 millones de pesos, mientras el municipio tendría que incorporar después saldos de créditos ya aprobados, posiblemente superiores a 50.000 millones, para continuar obras como la vía 103 y las intervenciones en Ambalá. Esto no demuestra por sí mismo una mala decisión, pero sí obliga a pedir claridad ¿qué obras tienen financiación completa?, ¿cuáles dependen de futuras adiciones?, ¿qué cronogramas son realistas y qué proyectos podrían quedar a mitad de camino?
El año 2027 será, además, el último de ejecución del Plan de Desarrollo “Ibagué para Todos 2024-2027”. El presupuesto no debería presentarse como una lista aislada de gastos, sino como la oportunidad final para cerrar metas pendientes y reconocer, con honestidad, aquello que no alcanzará a cumplirse, gastar el dinero no equivale necesariamente a transformar la ciudad. Una dependencia puede ejecutar un porcentaje alto y aun así dejar intacto el problema que pretendía resolver, por eso necesitamos indicadores comprensibles, no solo cuánto se contrató, sino cuántos estudiantes permanecieron en el sistema, no solo cuántas vías se intervinieron, sino cuánto mejoró el recorrido, no solo cuántas ayudas se entregaron, sino cuántas familias recuperaron autonomía.
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El Concejo tiene aquí una responsabilidad mayor que aprobar una cifra antes del 30 de noviembre, debe examinar si las proyecciones de recaudo son prudentes, si el servicio de la deuda deja un margen razonable, si el funcionamiento está debidamente sustentado y si la inversión responde a las urgencias de la ciudad. La ley permite que, si la Administración presentó oportunamente el proyecto y la corporación no lo expide dentro del plazo, la alcaldesa lo adopte por decreto, pero esa salida jurídica no debería convertir el debate democrático en un trámite apurado. Ibagué merece preguntas difíciles, respuestas documentadas y decisiones explicadas de cara a la ciudadanía.
Desde algunos sectores del Concejo se ha advertido que el aumento del recaudo no se estaría reflejando suficientemente en nuevas obras y se ha cuestionado el peso de la contratación por prestación de servicios, la preocupación es legítima y debe investigarse con documentos. Lo que no ayuda es convertir una sospecha en sentencia ni responder a toda crítica como si fuera un ataque político, a quienes denuncian les corresponde probar sus afirmaciones, a la Administración, publicar información suficiente para despejar las dudas. El control político serio no necesita gritos, y la transparencia verdadera no le teme a las preguntas.
La misma regla debe aplicarse al crecimiento anunciado del presupuesto, comparar el proyecto inicial de 2027 con el presupuesto de 2026 después de adiciones puede inflar o distorsionar la percepción, las comparaciones deben hacerse entre cifras equivalentes y explicar qué recursos son permanentes, cuáles dependen de la Nación y cuáles solo podrían llegar durante la vigencia. De lo contrario, el número más grande termina funcionando como propaganda para unos o como prueba automática de fracaso para otros.
Aprobar el presupuesto será apenas el comienzo, la prueba llegará durante la ejecución, la Alcaldía ya cuenta con “MiGestión”, una plataforma presentada para relacionar participación ciudadana, inversión y avance de metas. Ese instrumento debería permitir que cualquier persona consulte, sin ser experta, cuánto se asignó a su comuna o corregimiento, qué contrato desarrolla el proyecto, cuánto se ha pagado, cuál es el avance físico y por qué existen retrasos. La transparencia no consiste en subir archivos difíciles de encontrar, sino en convertir la información pública en una herramienta útil para vigilar y participar.
Un presupuesto de 1,7 billones ofrece posibilidades, pero no garantiza resultados, su valor dependerá de las prioridades que se defiendan en el Concejo, de la disciplina con la que se ejecute y de la vigilancia que ejerzamos como ciudadanos. En Ibagué no necesitamos celebrar una cifra ni temerle por su tamaño; necesitamos entenderla y exigir que se traduzca en dignidad cotidiana, porque el mejor presupuesto no es el que más impresiona cuando se anuncia, sino el que menos explicaciones pendientes deja cuando termina el año.