Por: Camilo Padilla

En la gestión pública existen dos formas de abordar los problemas complejos: el rigor de los datos o la ligereza de los clichés. Lamentablemente, las recientes declaraciones del Secretario de Cultura del Tolima sobre el sistema educativo colombiano confirman que el funcionario ha optado por la segunda ruta, adornándola con una alarmante precariedad conceptual y un conjunto de prejuicios que conviene revisar con detenimiento.

Atribuir la crisis de la educación al sindicalismo docente no solo es una caricatura gastada sino una simplificación insostenible. Pretender que las deficiencias estructurales de cobertura, infraestructura y presupuesto en nuestro departamento se explican porque los maestros «quieren seguir campantes haciendo manifestaciones» equivale a reducir la sociología de la educación a un libreto de consignas políticas -puestas de moda por el actual gobierno-. La crítica pedagógica seria exige comprender las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, el diseño institucional y la formación docente, no estigmatizar el derecho a la movilización y la asociación sindical.

Sin embargo, el pasaje verdaderamente revelador de la entrevista no radica en su animadversión sindical, sino en su peregrinaje por el panorama educativo internacional. En un intento por exhibir erudición pedagógica, el Secretario nos receta una serie de referencias exóticas que solo consiguen poner al descubierto un profundo desconocimiento de la materia que pretende dictaminar.

En primer lugar, nos invita con solemnidad a mirar el «modelo por competencias como está en Chile». Valdría la pena informarle al funcionario que Colombia incorporó el enfoque de competencias laborales y ciudadanas en sus Lineamientos y Estándares Básicos Curriculares desde hace más de dos décadas, bajo los marcos trazados por el Ministerio de Educación Nacional. Descubrir el modelo por competencias a estas alturas de la historia educativa es como intentar inventar la rueda en pleno siglo XXI.

En segundo lugar, nos sugiere el «modelo dual alemán que está en Alemania». Más allá de la involuntaria redundancia que produce cierta hilaridad, convendría aclararle que el sistema de formación profesional dual (que articula la educación secundaria/técnica con el sector empresarial) no solo es conocido en el país, sino que ha sido adaptado institucionalmente por el SENA y diversas instituciones técnicas regionales desde hace años. No se trata de una fórmula mágica trasplantable por decreto al Tolima, sino de un esquema que requiere un tejido industrial que, dicho sea de paso, no se construye con retórica gubernamental.

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Finalmente, su alusión a Singapur resulta desconcertante. Afirmar que en la ciudad-estado asiática «no se rechaza de tajo la tecnología, sino que gradualmente tiene unos tiempos», es ignorar que Singapur ha sido pionera global en la integración temprana y masiva de la tecnología en sus aulas a través de sus planes maestros (Masterplans for ICT in Education). Allá la tecnología no es un invitado prudente que pide permiso para entrar, sino la columna vertebral del ecosistema de aprendizaje. Atribuirle a nuestro cuerpo docente un rechazo ideológico a la tecnología para ocultar la brecha digital y la falta de conectividad en las escuelas rurales de nuestro departamento es una pirueta conceptual francamente inaceptable.

El uso superficial de los resultados de las pruebas PISA para adjetivar el «bajo nivel intelectual» de los estudiantes no solo es despectivo, sino metodológicamente erróneo. Las pruebas PISA evalúan el desarrollo de habilidades en contextos socioeconómicos específicos, no el coeficiente o la capacidad intelectual de los jóvenes. Usar una evaluación estandarizada para insultar la inteligencia de los alumnos tolimenses refleja una incomprensión absoluta de lo que PISA mide y pretende corregir.

La educación pública requiere debates serios, sustentados en investigación pedagógica, análisis presupuestal y diálogo social. La cultura y la educación del Tolima no merecen diagnósticos formulados desde el prejuicio ideológico. Cuando la autoridad educativa habla, debe hacerlo con la solvencia de quien conoce la realidad del aula y la teoría que la sustenta; de lo contrario, la audacia de opinar sin saber deja de ser una anécdota desafortunada para convertirse en una falta de respeto hacia la comunidad académica de nuestra región.

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