Es de recordar que en este caso una funcionaria de la registraduría murió y seis personas más resultaron heridas.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco de los presuntos responsables de los hechos de violencia ocurridos el pasado 28 de octubre en Gamarra (Cesar), en los que murió una funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras seis personas quedaron heridas, dos de ellas permanecen con diagnóstico reservado.

Se trata de Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, a quienes una fiscal de la delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio.

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El otro investigado es Julio Rojas Marín, imputado por el delito de violencia contra servidor público. Los procesados no aceptaron los cargos y, en atención al contundente material de prueba aportado por la Fiscalía, una juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad, para Rojas Marín en su lugar de residencia y para los demás en establecimiento carcelario.

Roles delictivos

La investigación da cuenta de que la mañana del pasado 28 de octubre, un grupo de personas se congregó en una estación de servicio de Gamarra y marchó por una decisión que consideraba contraria a sus intereses políticos. Registros fílmicos y otras evidencias obtenidas por el CTI de la Fiscalía indican que una multitud aprovechó la movilización para ingresar violentamente a la sede de la autoridad electoral, en medio de la resistencia de policías y otros funcionarios.

El entonces candidato al Concejo de Gamarra, Julio Rojas Marín, al parecer, participó en la arremetida, golpeó a la registradora municipal con puño y patadas, y destrozó papeles, computadores y otros elementos.

De otro lado, está acreditado que los demás procesados estarían involucrados en la planeación y ejecución del incendio al inmueble de la registraduría, con el propósito de quemar el material electoral.

En ese sentido, Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, habrían ocultado y trasladado una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y Wilfrido Campos son señalados de recibir el combustible y ayudar a la persona que lo roseó e inició el fuego, que terminó por ocasionarle la muerte a una servidora, generar graves heridas a otros funcionarios e incinerar la sede de la entidad.

Las labores de policía judicial continúan para hacer efectiva una sexta orden de captura relacionada con estos hechos.