La audiencia pública se llevará a cabo en Marsella, Risaralda, los días 16 y 17 de noviembre. Allí participarán 11 organizaciones de víctimas y diferentes autoridades del orden nacional que tienen el deber de conservar, custodiar y proteger los cuerpos de las víctimas.

La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP realizará los días 16 y 17 de noviembre en Marsella, Risaralda, una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares sobre 27 cementerios de Quindío y Risaralda donde se presume la existencia de cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado.

Durante la audiencia, que será pública y transmitida por los canales oficiales de la JEP, la sección recibirá y revisará diversos informes sobre los cementerios protegidos, realizados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), así como la gestión de diferentes autoridades del orden nacional que tienen el deber de conservar, custodiar y proteger los cuerpos de las víctimas.

Las alcaldías y parroquias de ambos departamentos también han entregado información a la JEP sobre los inventarios relacionados con cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no reclamados (CINR) de posibles víctimas del conflicto armado, informes que también serán contrastados por la sección.

La sección pudo establecer que, como ha ocurrido en otras regiones de Colombia, la información no es clara ni uniforme frente a las cifras de víctimas de desaparición forzada. Según la Unidad de Víctimas, en Risaralda hay 423 víctimas directas de desaparición forzada y 1.388 indirectas, y en Quindío, 158 víctimas directas y 416 indirectas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal reporta 2.967 víctimas de desaparición en los dos departamentos y la UBPD suma 1.224 personas desaparecidas en estos departamentos.

Según los informes del Ministerio del Interior, podrían encontrarse 2.261 cuerpos no identificados y 539 cuerpos identificados y no reclamados en los cementerios sobre los cuales se impusieron las medidas cautelares en Risaralda y Quindío.

Durante la audiencia, la sección verificará si dichos cuerpos son ubicables, si han sido exhumados por orden de alguna autoridad o si se ha perdido el rastro por diversas causas, entre las que se incluyen las malas prácticas de los cementerios evidenciadas en otros trámites.

Con la información recaudada previa y durante la audiencia, y las demandas de verdad que presenten las víctimas, la magistratura decidirá si prorroga las medidas cautelares que impuso desde 2021 en 27 cementerios de Quindío y Risaralda, o si ordena su levantamiento.

En la diligencia participarán 11 organizaciones de víctimas y organizaciones territoriales de buscadores de personas desaparecidas.

En Quindío, la JEP ordenó medidas cautelares en los cementerios de los municipios de Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia.

En Risaralda, los cementerios que tienen medidas cautelares ordenadas por la JEP son los de Santuario, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató y Pereira.

¿Por qué la audiencia en Marsella, Risaralda?

Marsella es uno de los municipios con mayores registros de recepción de cuerpos no identificados en el Eje Cafetero. Según el Ministerio del Interior, allí habría, al menos, 553 cuerpos de personas desaparecidas, de los cuales 406 se encontraban en dicho lugar para el año 2015.

Un gran porcentaje de estos cuerpos podrían corresponder a víctimas de la Masacre de Trujillo, ocurrida en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar, Valle del Cauca, entre 1986 y 1994. Durante los hechos ocurridos a lo largo de estos años, las víctimas fueron arrojadas al río Cauca.

Las medidas cautelares fueron ordenadas por la JEP en respuesta a una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) para proteger los lugares donde se presume la existencia de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados de víctimas de desaparición forzada, a la cual se sumó el Colectivo Orlando Fals Borda. Esta solicitud, incluyó los departamentos de Risaralda y Quindío.