“El CNE debe actuar de inmediato para no hipotecar la democracia participativa que representa el Pacto Histórico”, aseveró el aspirante presidencial.

Es de recordar que en un movimiento que podría alterar el tablero de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y la exministra Carolina Corcho acudieron el pasado viernes al Tribunal Superior de Cundinamarca para interponer una acción de tutela al Consejo Nacional Electoral, por el retraso en la entrega de la personería jurídica del movimiento oficialista.

Según datos confirmados por el CNE, el Pacto Histórico —coalición que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022— aún no ha recibido el aval definitivo, pese a que las inscripciones de listas al Congreso inician el 8 de diciembre y la consulta interpartidista del Frente Amplio está programada para marzo de 2026.

Este limbo jurídico, denunciado por Cepeda como «una violación flagrante a los derechos políticos del movimiento», podría impedir la inscripción oportuna de candidatos y diluir el caudal de votos de la izquierda, que superó los 2,7 millones en la consulta interna del 26 de octubre, donde Cepeda obtuvo el 65,1% (1.520.287 sufragios).

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El senador, en una entrevista exclusiva con Caracol Radio, fue tajante: «Por ahora, no hay hechos comprobados que afecten la legitimidad del movimiento, pero este retraso es inaceptable; el CNE debe actuar de inmediato para no hipotecar la democracia participativa que representa el Pacto Histórico».

Esta acción legal se suma a las tensiones post-consulta, donde el oficialismo busca blindar su unidad frente a la fragmentación de la oposición, que cuenta con más de 70 precandidatos dispersos en centroderecha y ultraderecha.

Analistas estiman que, sin personería, el Pacto podría perder hasta un 20% de su base electoral en regiones rurales, donde Cepeda arrasó con el 70% de apoyo en la votación interna.

¿Logrará la izquierda sortear este obstáculo burocrático o se convertirá en el primer revés de una campaña que aspira a un «segundo gobierno progresista»?