El Ministerio Público indaga presuntas inconsistencias en certificados laborales que avalaron el nombramiento de la directora de la Agencia Nacional de Tierras.

La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente una investigación disciplinaria este lunes 19 de octubre de 2026 contra Lina María Garrido Martín, actual directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por presuntas irregularidades en la acreditación de la experiencia profesional requerida para asumir el cargo.

La actuación, se originó a partir de una queja ciudadana radicada el pasado 13 de octubre. El proceso examina los soportes que respaldaron su designación oficializada el 10 de agosto de 2026 mediante el Decreto 1149, suscrito por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Agricultura Indalecio Dangond Baquero.

Los certificados laborales bajo la lupa disciplinaria

El denunciante, identificado como Dumar Eliécer Blanco Ruiz, señaló que la funcionaria no cumpliría de manera fidedigna los requisitos de experiencia exigidos para el cargo de director general (código E3, grado 5). La denuncia apunta a constancias emitidas por la Asociación de Ganaderos de la Sabana (ASOSABANA) y por el abogado José Manuel Garces Castañeda.

Según el expediente, el rol denominado “Dirección Estratégica, gestión institucional y desarrollo agrario” no existiría formalmente dentro de la estructura de ASOSABANA. Además, se indaga si los certificados fueron redactados copiando textualmente funciones de los manuales de la ANT sin que las labores hubiesen sido desempeñadas en la práctica.

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Frente a la presunta inconsistencia documental, el órgano de control ordenó inspecciones directas para corroborar la veracidad de los soportes:

“Verificar la existencia real de los cargos certificados, las formas de vinculación contractual, los pagos efectuados y el cumplimiento material de las funciones relacionadas con el sector agrario”, determinó el auto de apertura de la Procuraduría General de la Nación.

Asimismo, el despacho disciplinario requirió a la ANT la remisión de la hoja de vida completa, el acta de posesión, la asignación salarial y las certificaciones con las cuales la entidad avaló inicialmente 129 meses de experiencia profesional relacionada.

Frente judicial abierto en el Consejo de Estado

Esta indagación avanza de forma paralela a una demanda de nulidad electoral admitida el 7 de octubre en la Sección Quinta del Consejo de Estado. La acción judicial, interpuesta por la congresista Laura Daniela Beltrán Palomares, argumenta que la trayectoria de Garrido Martín ha sido predominantemente legislativa y política —tras su paso como concejal de Arauca y representante a la Cámara— sin un vínculo técnico directo con la administración de tierras.

Pese a admitir el caso, el alto tribunal negó la solicitud de suspensión provisional de la funcionaria al considerar que no existían pruebas concluyentes en esa fase procesal. Por su parte, la directora ha sostenido públicamente la legitimidad de sus documentos y ha advertido que responderá con evidencias ante los requerimientos judiciales y administrativos.

¿Qué sigue en el proceso?

La apertura de esta investigación disciplinaria no implica una sanción definitiva ni separa a Lina María Garrido Martín de la dirección de la ANT.

En las próximas semanas, la Procuraduría practicará las pruebas documentales y testimoniales en las sedes de las entidades involucradas antes de definir si formula cargos disciplinarios o archiva la actuación.