Incertidumbre: ¿Se aplicará la ‘Silla Vacía’ a congresistas por escándalo en la UNGRD?

La reciente orden de captura emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, ambos reelegidos en las elecciones legislativas del pasado domingo para el período 2026-2030, ha generado un debate jurídico y político.

La decisión de la CSJ se enmarca en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se les acusa del delito de cohecho impropio por presuntamente aceptar ofrecimientos a cambio de respaldar operaciones de crédito público.

Wadith Manzur, del Partido Conservador y quien pasa de la Cámara de Representantes al Senado, y Karen Manrique, de las curules de paz por víctimas, enfrentan una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Ambos se entregaron voluntariamente a las autoridades: Manrique en la Sijín de Arauca y Manzur en la Fiscalía en Bogotá, respetando la presunción de inocencia, pero bajo el peso de las evidencias presentadas por la Corte.

La principal interrogante radica en qué ocurrirá con sus escaños. Según expertos jurídicos, la Corte Suprema notificará al Congreso para suspender sus funciones durante la investigación, lo que podría implicar una pérdida temporal o definitiva de sus curules si el proceso culmina en condena.

En este contexto, se invoca el artículo 134 de la Constitución Política, conocido como la figura de la «silla vacía», que prohíbe el reemplazo de congresistas condenados por delitos dolosos contra la administración pública, como la corrupción.

Sin embargo, no está claro si esta sanción se aplica solo al período actual (que finaliza en tres meses) o se extiende al nuevo mandato 2026-2030, especialmente en el caso de Manzur por su cambio de cámara legislativa.

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Precedentes judiciales ofrecen pistas mixtas. Por ejemplo, en el caso del excongresista Mario Castaño, capturado cerca del fin de su período en 2022 y condenado por peculado, su curul no fue ocupada ni se aplicó estrictamente la silla vacía.

En contraste, Aída Merlano vio confirmada la silla vacía por el Consejo de Estado tras su condena por financiación ilegal y fuga, anulando cualquier reemplazo.

Expertos indican que, aunque no se requiere una condena para la captura, la pérdida definitiva de la curul suele necesitar una sentencia en firme, pero medidas preventivas como suspensiones temporales son viables durante las investigaciones.

Políticamente, el Partido Conservador ha anunciado que activará mecanismos éticos y disciplinarios internos para Manzur, enfatizando el respeto al debido proceso.

No hay reemplazo automático previsto, y serán las autoridades electorales y judiciales las que definan el alcance de las sanciones. Esta situación ha desatado críticas en redes y entre líderes políticos, quienes cuestionan la responsabilidad de los partidos y el electorado al permitir la reelección de implicados en escándalos.

El caso UNGRD, que involucra un esquema de sobornos para contratos en regiones como Córdoba, Arauca y Bolívar, también ha llevado a la Corte a llamar a juicio a otros cuatro congresistas y un exparlamentario, ampliando el impacto en el legislativo.

Mientras tanto, el gobierno Petro enfrenta una semana complicada en la justicia, con imputaciones y juicios relacionados con funcionarios de la entidad. La resolución final sobre las curules de Manzur y Manrique podría sentar un precedente clave frente a la responsabilidad del Congreso colombiano.