La investigación se relaciona con la adquisición de llantas para una motoniveladora por un valor superior al permitido en mínima cuantía.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de San Antonio (Tolima), José Dayler Lasso Mosquera, y al secretario de Planeación del municipio, Miguel Andrés Capera Hernández, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en un contrato celebrado para la adquisición de llantas destinadas a una motoniveladora.

De acuerdo con el ente acusador, un fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

En el mismo proceso fueron judicializados, en calidad de intervinientes, los contratistas Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández, a quienes se les imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en marzo de 2024, cuando el alcalde y el secretario de Planeación, presuntamente, se interesaron en favorecer a un consorcio conformado por Durán Briñez y Zambrano Hernández, con el fin de contratar repuestos de maquinaria pesada por un valor superior a 33 millones de pesos, pese a que la normativa de mínima cuantía solo les permitía contratar hasta 29.978.789 pesos.

El material probatorio recopilado por la Fiscalía indica que una de las propuestas comerciales, con cotizaciones que presentarían irregularidades, habría sido elaborada por el secretario de Planeación y posteriormente entregada a los contratistas. Dicha propuesta, según el ente investigador, era superior a otras dos presentadas y que se ajustaban a los precios reales del mercado.

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Asimismo, la Fiscalía señaló que los valores consignados en las cotizaciones habrían sido modificados y que una de las firmas no correspondería a la del proponente, quien, además, no habría presentado ese documento ante la Alcaldía de San Antonio.

De acuerdo con la investigación, el alcalde, en su calidad de funcionario encargado de realizar la invitación pública dentro del proceso de mínima cuantía, presuntamente utilizó las cotizaciones adulteradas para adelantar todo el trámite contractual, el cual finalmente fue adjudicado al consorcio mencionado.

En cuanto a los contratistas, la Fiscalía indicó que Durán Briñez habría ejercido el rol de representante legal del consorcio, firmando los actos precontractuales y contractuales, mientras que Zambrano Hernández, entre otras actuaciones, habría aportado documentos para sustentar la supuesta experiencia del consorcio en el suministro de los elementos requeridos por la administración municipal.

Al cierre de la diligencia, ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.