La Fiscalía investiga un posible detrimento por $499 millones en recursos de paz destinados a 1.170 unidades sanitarias que continúan inconclusas en zonas rurales del sur del Tolima.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde en ejercicio de Ataco (Tolima), Héctor Fabio Muñoz, al exmandatario Miller Aldana Castro y al contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un proyecto de saneamiento básico.

Tras la audiencia, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento domiciliaria para los tres implicados, determinación que no dejó conforme a la Fiscalía, la cual interpuso de inmediato un recurso de apelación para exigir reclusión carcelaria.

Irregularidades y recursos del OCAD Paz

El expediente judicial indaga la ejecución de un contrato financiado con más de $21.550 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías, asignados mediante el OCAD Paz gracias a la condición de Ataco como municipio PDET.

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Dichos fondos estaban destinados a la construcción de 1.170 unidades sanitarias para familias de sectores campesinos; no obstante, la infraestructura continúa abandonada y con fallas estructurales.

Las pesquisas preliminares señalan que las anomalías habrían originado un presunto detrimento patrimonial estimado en $499 millones de pesos.

Presunto direccionamiento contractual

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los procesados presuntamente concertaron maniobras para favorecer la adjudicación del contrato principal de obra y los respectivos contratos de interventoría.

Las capturas de Héctor Fabio Muñoz, Miller Aldana y el contratista se materializaron a finales de septiembre mediante operativos conjuntos desplegados en Ataco y en Florencia (Caquetá).

Los delitos atribuidos por el ente acusador, según la conducta individual de cada investigado, corresponden a:
Interés indebido en la celebración de contratos.

Falsedad ideológica en documento público agravada.
Peculado por apropiación agravado.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

La apelación presentada por el ente acusador será resuelta por un juez penal del circuito, quien definirá en segunda instancia si revoca la detención domiciliaria y ordena el traslado de los procesados a un centro carcelario.

Entre tanto, la Fiscalía avanzará con la radicación del escrito de acusación para dar inicio al juicio oral, mientras los entes de control evalúan el impacto fiscal y social de las obras inconclusas en el sur del Tolima.