El Ejecutivo descarta cualquier negociación política y establece penas rebajadas solo a cambio de entrega total de bienes, desarme y verdad judicial.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó este martes que el proyecto de ley de sometimiento avanza a paso firme y será radicado formalmente ante el Congreso de la República en los próximos días. La iniciativa constituye una de las principales apuestas del gobierno de Abelardo de la Espriella para desarticular estructuras criminales mediante la entrega a la justicia ordinaria, descartando de plano cualquier mesa de negociación política.

Cero estatus político y reglas unilaterales

La propuesta no contempla acuerdos de paz ni diálogos de carácter político. Se plantea como una oferta estatal unilateral fundamentada en la Constitución, donde las organizaciones armadas no negocian condiciones, sino que deciden acogerse o no a los términos fijados por el Estado.

El marco normativo tomará como base la Ley 418 de 1997, reformulada bajo un esquema más estricto que busca consolidarse como política de Estado a largo plazo. Entre las directrices centrales fijadas por la cartera de Justicia destacan:
Representación legal: Los únicos interlocutores válidos serán los abogados defensores, cerrando el paso a vocerías políticas.

• Sin concesiones territoriales: No se habilitarán zonas de concentración ni cuarteles especiales.
• Justicia ordinaria: No habrá tribunales especiales ni centros de reclusión diferenciados; se prevé el uso de cárceles convencionales y establecimientos productivos.
• Operatividad judicial activa: Las órdenes de captura vigentes y los trámites de extradición no se suspenderán. El régimen tampoco cobijará a personas previamente capturadas.

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Condiciones estrictas y rebajas de penas

El articulado contempla reducciones punitivas condicionadas y no automáticas:

• Hasta un 30% de rebaja para cabecillas o personas con mando.
• Hasta un 50% de rebaja para los demás integrantes de la estructura.

El acceso a estos beneficios dependerá de aportes comprobables en materia de desmovilización, desarme, entrega de rutas del narcotráfico, ubicación de secuestrados y desaparecidos, así como información verificable sobre redes de corrupción y nexos políticos.

En cuanto al plano patrimonial, la entrega de bienes ilícitos deberá ser del 100%. Quien oculte activos será expulsado del régimen de beneficios y procesado por la vía penal ordinaria sin consideraciones. Los recursos incautados se destinarán íntegramente a la reparación de las víctimas, componente definido como el eje rector del sistema.

Trámite legislativo

Tras culminar la fase de revisión técnica en la Presidencia, el Ejecutivo formalizará la radicación legislativa en el Congreso. Ante los acercamientos intentados por distintas organizaciones criminales, el Gobierno ha reiterado que no habrá canales paralelos ni tratos especiales: la única vía de desmovilización será la que fije la ley una vez surta sus debates parlamentarios y el respectivo examen de constitucionalidad.