Esto frente a las críticas de la oposición y algunos sectores económicos. El CARF estima un impacto de al menos $5,3 billones en déficit para 2026.

Tras la decisión del Gobierno Nacional de decretar un incremento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para 2026 en aproximadamente el 23%, fijándolo en $1.750.905, más un auxilio de transporte de alrededor de $249.095, lo que resulta en un ingreso mínimo total cercano a los $2.000.000 para quienes lo reciben, ha abierto el debate.

Por la falta de un acuerdo en la mesa de concertación tripartita (donde empresarios propusieron un 7,2% y sindicatos un 16%), este representa uno de los ajustes más altos en décadas y se basa en el concepto constitucional de «salario vital», alineado con estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en diversas entrevistas (incluidas en emisoras como Caracol Radio y Blu Radio), defendió la medida como «audaz y responsable», argumentando que busca cerrar la brecha con el costo de vida real, en un contexto de desempleo bajo (alrededor del 7-10%) e inflación controlada (cercana al 5% en 2025).

Sanguino enfatizó que, descontando la inflación, el aumento real en poder adquisitivo sería de cerca del 18,7%, beneficiando directamente a unos 2,4-2,5 millones de trabajadores formales que devengan el mínimo.

No obstante, el incremento ha generado críticas significativas por sus potenciales efectos macroeconómicos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que podría elevar el déficit fiscal en al menos $5,3 billones en 2026 (0,3% del PIB) y más de $8 billones a partir de 2027, afectando la sostenibilidad de la deuda pública.

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El exministro José Antonio Ocampo reconoció beneficios para cerca del 10% de los trabajadores, pero señaló que los efectos negativos (como presiones inflacionarias y en el empleo formal) serían «complejos de manejar», especialmente en un país con alta informalidad.

Otros analistas, como Jorge Iván González y José Manuel Restrepo, lo han calificado de «populista», alertando sobre riesgos de mayor inflación (dado que numerosos precios y tarifas están indexados al mínimo), reducción de competitividad empresarial y posible aumento de la informalidad.

El decreto ya enfrenta demandas ante el Consejo de Estado, similares a precedentes que han anulado ajustes previos por falta de justificación técnica, aunque el Gobierno defiende su legalidad.

Para mitigar impactos, el Ejecutivo anunció medidas como monitoreo inflacionario, desindexación parcial de precios (especialmente en vivienda de interés social y prioritaria) y posibles apoyos crediticios a empresas afectadas, buscando equilibrar el beneficio salarial con la estabilidad económica.