El presidente Gustavo Petro afirmó que el Gobierno Nacional no permitirá que el incremento del salario mínimo decretado para 2026 sea trasladado al consumidor a través del aumento de precios. El pronunciamiento fue realizado mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Según el jefe de Estado, el denominado salario vital busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y, a su vez, generar mayores ingresos para los empresarios a través del aumento en ventas y productividad, y no mediante el alza de precios. En ese sentido, hizo un llamado al sector empresarial para mantener o reducir los precios, con el argumento de que un mayor volumen de ventas podría traducirse en mayores utilidades.

De acuerdo con cifras oficiales, desde 2023 el salario mínimo en Colombia ha registrado un crecimiento acumulado del 36 %, un incremento que el Gobierno considera histórico frente a administraciones anteriores.

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En el marco de la presentación del decreto del salario vital para 2026, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que el Ejecutivo ha adelantado un proceso de desindexación de bienes y servicios con el fin de evitar impactos directos sobre el costo de vida. Indicó que actualmente 225 bienes y servicios no están atados al incremento del salario mínimo, y desestimó versiones que alertan sobre un efecto inflacionario generalizado.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, precisó que cerca del 25 % de los ítems desindexados corresponden a componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que, según el Gobierno, contribuye a reducir presiones inflacionarias. Ambos funcionarios confirmaron que se estudia un nuevo paquete de medidas para ampliar la desindexación.

Desde finales de 2023, el Gobierno ha venido implementando esta estrategia de desindexación, que incluye productos y servicios como alimentos básicos, matrículas educativas, cuotas moderadoras del sistema de salud, transporte intermunicipal y seguros médicos, entre otros.

Finalmente, el Ejecutivo reiteró que mantendrá seguimiento y vigilancia sobre los efectos del salario vital durante 2026, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y preservar la estabilidad económica.