La mandataria expuso posibles impactos en el recaudo y la gestión de recursos departamentales.

Durante el primer Encuentro de Gobernadores convocado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expresó reparos al Decreto de Emergencia Económica 1474, expedido por el Gobierno Nacional el 29 de diciembre, al considerar que podría generar impactos fiscales y jurídicos para las entidades territoriales.

En su intervención, la mandataria planteó a los gobernadores la posibilidad de evaluar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente a la norma y, de manera paralela, presentar un pronunciamiento directo ante la Corte Constitucional, más allá del análisis que actualmente realiza ese alto tribunal sobre la declaratoria de emergencia.

«La discusión no puede limitarse únicamente a la emergencia. Es necesario que la Corte considere las implicaciones que este decreto tiene sobre la autonomía territorial y las finanzas de los departamentos», manifestó Matiz durante el encuentro.

Uno de los puntos señalados por la gobernadora fue el artículo 15, parágrafo segundo, que establece que los ingresos departamentales que superen el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2025 y 2026 deberán ser transferidos a la Nación, además de fijar liquidaciones mensuales y plazos máximos de giro de 15 días.

Según explicó, esta disposición podría desincentivar los esfuerzos de recaudo de los departamentos y afectar la planeación financiera territorial. «Cualquier incremento adicional en el recaudo termina siendo transferido al nivel central», señaló.

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La gobernadora también advirtió sobre posibles efectos del decreto en la lucha contra el contrabando de licores. Citando cifras de la Federación Nacional de Departamentos, recordó que cerca del 29 % del licor consumido en el país sería adulterado o de contrabando, y sostuvo que la reglamentación podría incidir en el control de este fenómeno, con eventuales impactos en la salud pública y en la demanda de servicios de urgencias.

En el plano jurídico, Matiz argumentó que existiría una falta de conexión entre los objetivos del decreto y las medidas adoptadas, al tiempo que expresó reparos sobre el respeto al principio de certeza tributaria contemplado en el artículo 338 de la Constitución, por la definición de nuevos hechos generadores sin precisar plenamente los elementos del tributo.

Al cierre de su intervención, la gobernadora reiteró el llamado a los mandatarios departamentales para construir una posición unificada, revisar la viabilidad de la excepción de inconstitucionalidad y remitir un pronunciamiento conjunto a la Corte Constitucional sobre los alcances del decreto y sus efectos en las finanzas territoriales.