Por: Germán Sánchez 

Esa es la pregunta que esperamos contesten rápida y contundentemente sin dilaciones, las autoridades responsables del pasado evento electoral en Ibagué, ante las denuncias que hizo sobre el particular el candidato que quedó segundo, Jorge Bolívar y una Red de Veedurías Ciudadanas.

Cómo demócrata convencido, ciudadano en ejercicio, siempre he manifestado que la expresión del pueblo a través de lo más sagrado y poderoso en democracia, que es el voto, se debe respetar. Gusten o no los resultados las mayorías hablan.

Por eso, es menester, un deber moral y legal del Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado, las registradurías locales, la Fiscalía Nacional y la del Tolima, La Procuraduría General, la regional y la Provincial de Ibagué, lo mismo que de las entidades observantes del proceso, salir inmediatamente al paso de esos señalamientos y decir que no son ciertos, entregar las pruebas irrefutables, blindar el proceso y de ser el caso, comenzar las acciones legales pertinentes contra quienes en su criterio falsamente señalan irregularidades de bulto en las votaciones para la Alcaldía de Ibagué. De lo contrario, que inicien las investigaciones respectivas sobre los hechos denunciados para establecer su veracidad, se haga un reconteo de votos o lo que proceda en el marco del Estado social de derecho.

Y cuando se habla del fraude no se puede hacer sobre el sistema mismo, si no contra la trampa a la democracia, es decir, a cómo se lleva supuesta y malintencionadamente al elector a votar constreñido por x o y, o como se encadenan acciones ilegales para alterar formularios de resultados o no dar fe de los votos depositados y por quién se depositaron en las urnas. Es decir, una situación que implicaría una complicidad desde jurados, testigos electorales y hasta las autoridades que supervisaron. Lo cual es en extremo grave.

Si fuese cierto que al parecer existen casi 200 formularios E-14 adulterados y según las denuncias suman más de 4000 mil votos, pues las autoridades esta misma semana deben dar total claridad al respecto o desmentir el hecho sin ambigüedades.

Máxime por tratarse de una campaña que en su última fase se supo estaría tan apretada entre dos estructuras políticas, que se disputaban la burocracia de la capital tolimense: el barretismo con la impronta del Partido Conservador en solitario y el alcalde Hurtado, en chipa con otra parte del conservatismo, con el Centro Democrático, Cambio Radical, el MIRA y muchos otros, incluido el Partido Liberal, que es un secreto a voces llegó en las últimas 48 horas de la campaña a respaldar a Johana Aranda y dejó colgado a Marco Hincapié, el candidato del Pacto Histórico, al que supuestamente respaldaba últimamente; claro que esa misma volteada los liberales ya se la habían aplicado a Renzo García semanas antes, el candidato de los verdes, con quien arrancaron la contienda y le juraron lealtad.

En fin, el hecho merece la mayor y más oportuna claridad de parte de los responsables del proceso electoral y de su supervisión, más allá de que quien denuncie sea el candidato perdedor frente a la electa alcaldesa de Ibagué. Porque a eso se ha unido una veeduría ciudadana y están las voces y señalamientos públicos que hicieran también en las últimas semanas de campaña los otros candidatos participantes a través de medios de comunicación y redes sociales, sobre supuestos ríos de dinero, presión a contratistas y compra de dirigentes comunales para votar en favor de candidatos determinados.

Porque a lo que estamos asistiendo y donde la especulación está llevando en la rueda del rumor, tan prolija a los ibaguereños, es a que no sólo presuntamente hay formularios adulterados, votos mal contados, jurados comprados, veedores fletados, testigos ciegos, autoridades mudas, casas de compra, manillas de colores como distintivos, códigos QR, solicitud de certificados por WhatsApp y pagos por Nequi, sino a todo aquello que nos recuerda la vilmente famosa «Casa Blanca».

Sí, el nombre con el que se conoció el refinado entramado de compra de votos en la Costa Atlántica, cuyo centro de operaciones fue Barranquilla, y con el cual llegó al Senado la hoy prófuga Aida Merlano. En lo cual también se implicó a Lisbeth Llinás, representante a la Cámara, Julio Gerleín y su clan, Alex Char y su clan familiar, incluido su hermano Senador, en problemas judiciales actualmente por esos hechos. Mismo clan Char, a propósito, que según serias investigaciones en México al parecer es socio del conocido narco Cartel de Sinaloa, que en Colombia tiene ramificaciones y alianzas con el sanguinario Clan del Golfo.

Se ve entonces porque la necesidad de que se aclare y dé punto final a este tema, que no quede duda alguna. Para mí, lo mejor que le puede suceder a la ciudad y en especial a la alcaldesa electa Johana Aranda, es que el asunto de la elección quede sin sombra de duda ni manchas. Que no se le deslegitime arrancando.

Y en caso de hacerse un reconteo:  uno, no creo que en un voto a voto se descuenten casi 5.000 votos de diferencia, por supuesto si nada extraordinario ocurre o se descubre; dos, que no sólo se cuenten los votos de Jorge Bolívar y Johana Aranda, sino de todos los candidatos que participaron, lo mismo que los blancos, nulos y no marcados. Eso da mayor garantía.

Bueno ¡Que viva la democracia, que da para todo!