Las medidas cautelares sobre 19 inmuebles y 6 sociedades, valorados en cerca de $20.000 millones, recaen sobre propiedades de excongresistas, exdirectivos y contratistas vinculados al desvío de recursos de emergencias.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio sobre 25 bienes avaluados preliminarmente en cerca de 20.000 millones de pesos, presuntamente vinculados a la red de corrupción que desvió recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio afecta el patrimonio de seis personas clave del caso, entre ellos el expresidente del Senado Iván Leónidas Name Vásquez, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés David Calle Aguas, y los exdirectivos Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez.

El operativo fue ejecutado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en articulación con el Ejército Nacional, aplicando suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 19 inmuebles y 6 sociedades comerciales.

Distribución de los bienes ocupados en el país

Los activos intervenidos están ubicados o registrados en Bogotá y en departamentos como Antioquia, Córdoba, Nariño, Cundinamarca, Norte de Santander, Meta, Santander y Atlántico.

En el caso del excongresista Iván Name, las autoridades ubicaron cuatro activos en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio (Meta) y Sopó (Cundinamarca), recayendo en uno de ellos la medida sobre el 33% de la titularidad.

Por su parte, al exrepresentante Andrés Calle le fueron afectados cuatro inmuebles en Montería (Córdoba), mientras que a Olmedo López se le ocupó un predio en Medellín y a Sneyder Pinilla otro en Sabana de Torres (Santander).

Bienes de contratistas y exasesores

La acción judicial también recayó sobre el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo, a quien le cautelaron un predio en Tabio (Cundinamarca).

Asimismo, se identificaron siete bienes entre Pasto, Chachagüí y Cúcuta pertenecientes al contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como el ‘Pastuso’ de los carrotanques.

“Entre ellos hay sociedades que habrían sido utilizadas para las diferentes maniobras que le permitieron quedarse con la contratación en la UNGRD y darles tránsito a los dineros recibidos”, precisó la Fiscalía General de la Nación al término del procedimiento investigativo.

¿Qué sigue?

Los bienes y sociedades intervenidas quedarán bajo administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras surte el proceso formal ante los jueces de extinción de dominio. En el plano penal, los investigados continúan vinculados a las pesquisas por los delitos de concierto para delinquir, peculado e interés indebido en la celebración de contratos.