La exfuncionaria habría sobrepasado sus facultades legales al disponer de personal e infraestructura del Estado para resolver un asunto de carácter exclusivamente privado.

La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos en contra de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres, por su presunta responsabilidad en la práctica irregular de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza Buelvas, exempleada de su residencia.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le atribuyó los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, cargos que la procesada no aceptó.

De acuerdo con el expediente del ente acusador, los hechos se remontan al 29 de enero de 2023, fecha en la que Sarabia Torres informó la pérdida de una suma de dinero guardada en una bolsa dentro de una maleta en su vivienda. Tras el reporte, la entonces funcionaria señaló a Meza Buelvas como sospechosa del hecho.

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Las investigaciones señalan que la exfuncionaria presuntamente dio instrucciones telefónicas al jefe de seguridad de la Presidencia para someter a Meza Buelvas a un examen poligráfico. En cumplimiento de dicha orden, la mujer fue transportada en un vehículo oficial desde Soacha (Cundinamarca) hasta el edificio Galán, en inmediaciones de la Casa de Nariño, sede donde se ejecutó el procedimiento.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, durante la diligencia técnica la empleada doméstica habría sido sometida a intimidaciones, señalamientos directos de hurto y advertencias sobre posibles consecuencias penales que implicaban privación de la libertad.

El ente investigador sostuvo que la utilización de servidores públicos e infraestructura estatal para la atención de un incidente de índole estrictamente particular excedió las competencias asignadas al cargo de la exjefe de Gabinete.

Conforme al ordenamiento penal colombiano, la situación jurídica de la investigada permanece bajo el principio de presunción de inocencia mientras avanza el proceso ante la autoridad judicial competente.