Fiscalía imputó cargos a Jorge Cabrera, alcalde de Venadillo

Igualmente fue judicializada la secretaria de Desarrollo Agropecuario, un contratista y un tercero, por presuntas irregularidades en un contrato para la contención del Covid 19.

Por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación y falsedad en documento privado, la Fiscalía General de la Nación, a través de un delegado del Grupo Anticorrupción de la Seccional Tolima, imputó cargos al alcalde del municipio tolimense de Venadillo, Jorge Armando Cabrera Gutiérrez, los que no aceptó

En el mismo sentido fueron imputados Deyanira Montenegro Mendieta, secretaria de Desarrollo Agropecuario; Claudia Guzmán Arango, representante legal de la Fundación Conservación Vida y Medio Ambiente y Jonathan Elder Salcedo Méndez, coordinador de proyectos de la misma fundación.

Los hechos motivo de esta diligencia judicial ocurrieron luego de la firma del contrato de prestación de servicios número 058, el 1 de abril de 2020, cuyo objeto contractual era la prestación de servicios logísticos para el cumplimiento de las medidas de orden público de prevención y contención del Covid-19 en el marco de la calamidad pública.

El valor del contrato ascendía a $124.740.812, de los cuales los investigadores del Grupo de Administración Pública del CTI detectaron una apropiación injustificada de $46.113.180.

En la etapa precontractual, según los elementos materiales de pruebas recaudados, simularon contratación mediante invitación pública, pero no enviaron las invitaciones. Lo que presentaron fue una cotización falsa para justificar el valor de la contratación, todo el mismo día.

Se logró constatar, igualmente, que la contratista ya sabía que el contrato le sería adjudicado a través de la fundación que representaba, a sabiendas que la entidad no era idónea para ejecutarlo. Y  con escrito de fecha anterior de llevarse a cabo el tramite contractual, delegaría todas las funciones a un tercero, Jonathan Elder, para que lo ejecutara.

El plazo inicial del contrato solo tenía una vigencia de 13 días, sin embargo, estipularon un término de dos meses, motivo por el cual suscribió también contrato de prestación de servicios con el tercero.

Las actividades investigativas continuarán mientras se fija nueva fecha para la audiencia de formulación de acusación.