El exdirector del DAS, estaría involucrado en el debilitamiento y modificación del esquema de seguridad del líder político, días antes del crimen.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra del exdirector del DAS, mayor general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez, por su presunta responsabilidad en el homicidio del candidato de la Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990, en un avión que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla.

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El material de prueba obtenido indica que el esquema de seguridad de la víctima, del cual hacían parte detectives del DAS, fue debilitado progresivamente y modificado días antes del crimen de manera intempestiva y sin consultar al dirigente político, lo cual habría facilitado el actuar del sicario y el cumplimiento del plan criminal.

De acuerdo con los protocolos y normas que regían para la época, el entonces director de la entidad era el principal coordinador y quien ejercía control sobre los cambios en las medidas de protección que se otorgaban.

En ese sentido, las irregularidades y deficiencias presentadas dejaron a Pizarro Leongómez a merced de sus victimarios.

En el curso del proceso se verificará el modus operandi del proceder del escolta del candidato presidencial que disparó y le causó la muerte al sicario, cuando este había dejado en el piso de la aeronave la subametralladora utilizada y levantaba sus manos mientras pedía que le respetaran la vida.

El contexto indica que este sería un patrón criminal al que, presuntamente, recurrieron algunos agentes del DAS para silenciar a los autores materiales de magnicidios de otros líderes políticos de la Unión Patriótica como Bernardo Jaramillo Ossa y José Antequera.

Finalmente, hay indicios que por cuenta de otra estrategia implementada por el mayor general (r) Maza Márquez, fue desviada la investigación para dirigir la atención hacia el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Por todo lo anterior, el exdirector del DAS queda vinculado formalmente por los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir agravado, en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000.