Escándalo en Melgar por presuntos hechos de corrupción en cobro de honorarios profesionales

Presunto fraude millonario fue denunciado con relación a la contratación de servicios profesionales que nunca se cumplieron.

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, denunció que, en el municipio de Melgar, se presentaron irregularidades por cerca de cuatro mil ochocientos millones de pesos en embargos en el proceso de contratación de servicios profesionales en esta localidad del Tolima.

“La Red de Veedurías de Colombia, denunció formalmente irregularidades en el cobro de servicios profesionales de abogados, no prestados al municipio de Melgar por cerca de cuatro mil ochocientos millones de pesos hoy en embargos, que generó el abogado William Jair Galarraga Guzmán, en tribunal de arbitramiento cuestionado por el propio Consejo de Estado al señalar que había irregularidades en el contrato”, señaló Bustos.

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Asimismo, el veedor explicó que el municipio en mención, nunca se benefició de la gestión que realizó el licenciado William Galarraga.

“El municipio nunca fue beneficiario de su presunta gestión profesional, porque a su vez había sido excluido del proceso en el cual venía actuando y se le impulsaron copias a este abogado, William Galarraga Guzmán, que además se basó esa decisión en un concepto o en un perito de honorarios, Ángel Augusto Zarta, que fue sancionado por diez años en su calidad de perito, este no era competente, sino para evaluar bienes muebles e inmuebles y a su vez fue excluido de la lista de auxiliares de la justicia, por lo tanto, no contaba adicionalmente con la mínima tarjeta profesional de contador para expedir un dictamen pericial de esta naturaleza”, agregó el veedor.

Finalizó diciendo que “se trata de irregularidades gravísimas, que ojalá rectifiquen tanto la justicia ordinaria a través de medidas urgentes en materia penal, como del propio Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Tolima, donde se ventila este aberrante caso de cobro de honorarios profesionales a un ente territorial por servicios no prestados”.