La fundación señaló que destinó el 81 % de los recursos recibidos a la reconstrucción de colegios en Cali, pero no publicó los soportes contables detallados.

La respuesta entregada por la Fundación Luz y Sonrisas, liderada por Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, frente al manejo de las donaciones destinadas a atender a los damnificados por el terremoto de agosto, generó cuestionamientos por parte de sectores de oposición.

La controversia surgió después de que un juez ordenara a Pineda y a su fundación presentar información detallada sobre los recursos recibidos para atender a las víctimas y contribuir a la recuperación de las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7,4.

La acción judicial fue promovida por el senador Alejandro Ocampo, quien manifestó su inconformidad con la respuesta entregada por la organización. Según el congresista, de los ocho puntos solicitados por el juez, únicamente recibió información sobre uno. «Vamos a enviarle un escrito al juez diciéndole que los ocho puntos que él obligaba a que me respondieran, solo me respondieron uno», afirmó Ocampo en una entrevista con el periodista Daniel Coronell, publicada en su canal de YouTube.

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El senador también anunció que acudirá a un incidente de desacato al considerar que la respuesta no cumplió integralmente con los requerimientos judiciales. «Voy interponer un incidente de desacato», expresó.

Por su parte, la Fundación Luz y Sonrisas sostuvo que no recibió ni administró recursos públicos para atender la emergencia. En el documento presentado ante el requerimiento judicial señaló: «La Fundación (…) no ejerce funciones públicas, no presta servicios públicos y no recibe ni administra recursos públicos».

La organización tampoco entregó los registros contables, comprobantes y extractos bancarios detallados solicitados, argumentando que sus libros y documentos privados están protegidos por reserva legal.

Sin embargo, en su respuesta confirmó haber recibido 17 millones de dólares en donaciones, además de ayudas humanitarias procedentes de Estados Unidos, España y Panamá. También indicó que el 81 % de los recursos económicos fue destinado a la reconstrucción de instituciones educativas en Cali.

El manejo de los aportes ha generado cuestionamientos de sectores políticos y medios de comunicación, debido a que las donaciones anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales superarían los 200 millones de dólares.

La discusión se centra en la obligación de entregar información sobre el destino de los aportes. Mientras la fundación sostiene que se trata de recursos privados y que sus documentos contables están amparados por reserva legal, sectores de oposición consideran que, por estar destinados a atender a las víctimas de una emergencia nacional, debe existir mayor transparencia sobre su administración.