Por: Camilo Ossa

Hace algunos meses los ibaguereños fuimos testigos (y lo padecimos), del tortuoso proceso para acceder a la facturación del impuesto predial en la ciudad, detenidos en el tiempo, como en la época previa al internet, vimos filas interminables de ciudadanos expuestos al sol y al agua a las afueras de las diferentes dependencias de la alcaldía en donde imprimían, uno a uno, los recibos solicitados, con posterioridad trasladaron la ineficiencia administrativa a los centros comerciales, pero, de ninguna manera, fue posible acceder a la descarga virtual, de manera “pacífica” antes del primer corte de pago con descuento. Una absoluta vergüenza de la que hoy, ni se sonrojan.

Un par de semanas atrás, la Alcaldía de Ibagué suscribió el contrato de prestación de servicios No. 2828 del 6 de octubre de 2023 con la empresa Realtix S.A.S., la misma que, con su software, contribuyó al desorden de comienzo de año con el predial. Resulta que, en el año 2021, la alcaldía la contrató para que suministrara el software de implementación del catastro multipropósito para la ciudad, así como la respectiva licencia de integralidad con otro software de la misma empresa (esta última a través de una adición al contrato –hágame el favor-), ese contrato del 2021 le costó al municipio (y a todos los contribuyentes) un poco más de 4 mil 700 millones de pesos, no solo para su deficiente funcionamiento, sino para que, además, el contribuyente tuviera que someterse al desgaste de solicitar el recibo en la calle. Un incumplimiento contractual, de ese calado, no generó, por parte de la alcaldía, como contratante, ni siquiera un llamado de atención al contratista, pues, este último no registra sanciones ni multas, todo lo contrario, le “dan” un nuevo contrato.

Este nuevo negocio, el contrato del 6 de octubre, es por un valor de 698 millones de pesos, básicamente, para hacer lo que se supone, debería desprenderse del contrato del 2021 y es asegurarse que el software sea funcional –como es el caso del soporte tecnológico a distancia y el acceso a la nube-. En febrero de este año, la Procuraduría General de la Nación le hizo un requerimiento a la alcaldía en relación a la falla del software contratado y pagado, pero al parecer fue solo eso y es importante también que, a todas las picardías contractuales del municipio se pase del requerimiento (indignación) a la investigación (acción). Lo que se espera, en el caso del puente de la calle 60 y el convenio con Infotic (en el que hay mucho silencio) solo por citar 2 ejemplos –porque hay muchos casos más-, es eso, investigación.

Claro está que la dificultad en esta materia, es mucho más profunda, asunto que el próximo alcalde deberá resolver (una utopía relativa), por un lado porque debe lidiar con el contratista que ya falló una vez y, todo parece indicar, será el encargado del proceso de facturación predial del 2024 y, por el otro, porque hay que escudriñar cómo están haciendo la liquidación del impuesto, en algunos casos, retroactiva de la actualización catastral que ha sorprendiendo, desde el año 2022, a algunos contribuyentes que creían estar al día en sus obligaciones y, también, cómo va el cobro coactivo de las deudas fiscales, no vaya y sea que la prescripción penda, como una espada de Damocles, sobre la administración.

Temas sobre los que habrá que sacar otro espacio, además, por la importancia y el impacto en el erario y las finanzas públicas.