Política
El Centro Democrático instauró Acción Popular para suspender el trámite en el Congreso de las reformas
Según los voceros de esa colectividad, esa medida busca proteger a los colombianos del daño que se pueda causar a su ahorro pensional, a las garantías para recibir atención en salud, al acceso de la educación de los jóvenes y al derecho a un trabajo formal.
El Centro Democrático radicó este miércoles 29 de mayo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo una Acción Popular que busca la suspensión inmediata del trámite legislativo de las denominadas reformas sociales que comprenden:
– La reforma pensional
– La reforma laboral
– Reforma a la educación
– Proyecto de Ley para crear la Empresa Colombiana de Minerales, Ecominerales
A través de la Acción Popular ese movimiento solicita que la suspensión de dichas reformas se mantenga hasta que haya un pronunciamiento judicial que aclare las graves denuncias de corrupción alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que han salpicado a funcionarios del Gobierno Nacional, así como a miembros del Congreso.
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“Una situación que deslegitima y vicia la votación de quienes resulten involucrados en los hechos denunciados y conocidos por la opinión pública. Adicionalmente, las reformas que se relacionan presentan serios reparos como, la falta de aval fiscal, no han tenido en cuenta las observaciones técnicas realizadas por los diversos actores de los sistemas afectados, ni las expresadas por la Procuraduría General de la Nación”, indicó el CD a través de un comunicado a la opinión pública.
El documento agrega que: “La Acción Popular busca proteger el ahorro que millones de colombianos han hecho para poder tener una vejez digna; que se brinden garantías a servicios de salud sin interrupción alguna; que los jóvenes tengan acceso a instituciones educativas públicas y privadas en igualdad de condiciones; que a los trabajadores se les garantice la posibilidad de un trabajo formal y en condiciones dignas”.
Finalmente, el comunicado menciona que con esto también se busca evitar un daño patrimonial a las finanzas públicas por decisiones sin planificación, transparencia y eficiencia.