Por: Mauricio Gutiérrez

La reciente decisión del tribunal en el caso de Álvaro Uribe Vélez, que concede más tiempo a su defensa para revisar pruebas clave, refuerza un principio fundamental: el debido proceso es innegociable. Sin importar quién sea el acusado, el derecho a una defensa completa y justa debe prevalecer sobre la rapidez de los procedimientos judiciales. En este caso, la decisión del tribunal no es un privilegio, sino una corrección necesaria frente a la actuación del Juzgado 44 Penal del Circuito, que falló al no garantizar las condiciones adecuadas para un proceso equilibrado.

El juzgado, al rechazar la solicitud de prórroga para el análisis de un celular y un computador, pasó por alto la complejidad de las pruebas digitales, que requieren tiempo y peritaje especializado. En un proceso penal, es fundamental que todas las partes tengan plena capacidad de entender, verificar y contradecir las pruebas presentadas. Negar ese derecho no solo afecta a figuras de alto perfil, como Uribe, sino a cualquier persona que enfrente un proceso penal, sin importar su posición o recursos.

Este fallo debe ser visto como un recordatorio de que el derecho a la defensa no es un lujo, sino una garantía esencial para todos los acusados. Imaginemos a un ciudadano común enfrentando cargos graves sin los recursos ni el tiempo para analizar adecuadamente la evidencia en su contra. Si la justicia no concede ese margen para una defensa justa, el resultado será siempre injusto, independientemente de la culpabilidad o inocencia del acusado.

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Para garantizar que casos como este no sean excepciones, el sistema judicial debe adoptar mecanismos claros y uniformes que aseguren que todos los procesados, sin importar su perfil o recursos, tengan acceso real a una defensa técnica y efectiva. Una propuesta concreta sería establecer plazos flexibles y adaptados a la naturaleza de las pruebas, especialmente cuando involucran tecnología compleja o grandes volúmenes de información. Así, la justicia no solo sería rápida, sino verdaderamente justa para todos.

Este caso marca una oportunidad para fortalecer la equidad en los tribunales, asegurando que ningún acusado se vea privado de su derecho a defenderse plenamente. La justicia debe encontrar el equilibrio entre celeridad y garantías procesales, y este fallo es un paso en esa dirección.