Opinión
El agua debe ser una línea estratégica del POT
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Por: Camilo Ernesto Ossa B. Twitter: @camiloossa10
La semana pasada se socializó el resultado de la encuesta virtual, fase 2 – 2021, realizada por Ibagué Cómo Vamos y, aunque el resultado es contundente en relación, justamente, a cómo va la ciudad, hay un aspecto, a mi modo de ver, que sobresale en la preocupación, hay muchos y muy importantes, pero me quiero detener en el siguiente: los servicios públicos y, dentro de estos, aun cuando el 38,4% de los encuestados se siente insatisfecho con la prestación del servicio de energía eléctrica, la mala percepción del servicio de acueducto llama la atención.
Aproximadamente, hacia los años 80´s los servicios públicos domiciliarios fueron objeto de un proceso liberalizador en busca de introducir competencia, eficiencia y oportunidad en la prestación, tal fue el caso de la telefonía y, como no, el servicio de agua potable, entre otros, pues estos, al depender de una facilidad común en la prestación, tenían -y tienen- una gran propensión a limitar la competencia, de ahí la proliferación, desde ese entonces, de una serie de normas encaminadas a mejorar la cobertura, propiciar la inversión y la ampliación introduciendo competencia, muy crítico el panorama hoy día frente a el cumplimiento de esos objetivos competenciales –será objeto de otro debate-, pero lo que sí vemos –y se puede concluir de la encuesta- es una clara restricción a la libertad ciudadana de una administración municipal que falla al proporcionar los servicios públicos domiciliarios, a satisfacción, a su población, no solo en relación a la cobertura –un problema de POT, fundamental-, sino en cuanto a la calidad del servicio, algo que tiene que ver directamente con la riqueza –o pobreza- a imprimir a un territorio.
Según la encuesta arriba señalada, el 47,2% de los encuestados está insatisfecho con el servicio de acueducto que recibe, frente a un 33% de satisfechos y, el 44% de los encuestados, está insatisfecho con la calidad del agua que recibe, cifras contundentes que, claramente, pueden explicar la condición socioeconómica que vive Ibagué –no solo de ahora, de tiempo atrás-. Los servicios públicos son una condición, sine qua non, para la inversión, el desarrollo, la planeación y ordenación del territorio, tanto por la vocación económica del municipio, como por las demandas ciudadanas y una visión de ciudad sostenible ambientalmente. El panorama resulta ser bastante complejo sobretodo cuando vemos una limitación en el desarrollo de ciudad por la inadecuada prestación/calidad del agua, solo por citar un ejemplo, los casos que han puesto en evidencia el problema de disponibilidad de agua potable en los proyectos de vivienda que se ofrecen y se construyen en la ciudad (caso Alminar Samoa y otros), de ahí la importancia de empezar, desde ya, la discusión del nuevo POT.
Sin lugar a dudas, la próxima elección de alcalde de Ibagué es vital para trazar la ruta de crecimiento y desarrollo de, por lo menos, los siguientes 30 años –me atrevería a decir que es la más importante desde que existe la elección popular de alcaldes-, donde le corresponde, a ese alcalde, la preparación y discusión del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, con una estela de problemas en empleo, infraestructura, vías, movilidad, seguridad, salud, servicios públicos, entre otros y que, según los resultados de la encuesta, menos mal no le correspondió a la actual administración, porque la deslegitimación está a la orden del día, con el 63,6% de los encuestados calificando como mala la gestión del alcalde y el 51,4% considerando que durante el último año, el nivel de corrupción en Ibagué ha aumentado.