Por: Efran Lugo

Lo ocurrido recientemente en Caracol Televisión no es un hecho aislado ni una sorpresa. Es, más bien, la confirmación pública de lo que durante años ha sido un secreto a voces: en Colombia, el acoso sexual y laboral no solo existe, sino que está profundamente arraigado en las estructuras de poder.

Durante décadas, muchas víctimas han guardado silencio. No porque no quisieran hablar, sino porque sabían exactamente lo que implicaba hacerlo: perder oportunidades, ser revictimizadas o quedar marcadas en entornos donde el poder se protege a sí mismo. Por eso, cuando hoy algunas mujeres deciden denunciar, no estamos frente a un escándalo mediático; estamos frente a una ruptura incómoda de esa complicidad colectiva.

Lo verdaderamente grave no es solo que el acoso ocurra, sino que ha sido normalizado, reproducido y hasta legitimado. Los mismos medios de comunicación que hoy reaccionan con sorpresa, durante años emitieron contenidos donde el acoso era presentado como coqueteo, insistencia o “dinámicas normales” entre hombres y mujeres. Se construyó una cultura que trivializa la violencia y luego se escandaliza cuando la realidad la desborda.

Reducir todo a despidos o comunicados corporativos es, en el fondo, una forma elegante de encubrir el problema. Aquí no basta con sacrificar nombres propios para calmar la opinión pública. Se necesita asumir responsabilidades institucionales, reconocer la complicidad histórica y avanzar hacia reformas reales que incomoden a quienes han sostenido estos sistemas.

Porque el acoso no vive únicamente en la televisión. Está en las aulas, donde niños y jóvenes siguen siendo víctimas a pesar de la existencia de normas. Está en las instituciones, donde docentes, directivos, policías y militares callan por miedo a represalias. Y está, de forma especialmente cruda, en la política.

En los espacios de poder político, el acoso no es la excepción: es una práctica sistemática que muchas veces opera bajo la lógica del intercambio. Puestos, contratos o estabilidad laboral se convierten en herramientas de presión para obtener favores sexuales o someter voluntades. Y aquí hay un punto incómodo que pocas veces se dice en voz alta: los hombres, especialmente los jóvenes, también están siendo víctimas.

Sí, jóvenes que buscan una oportunidad laboral en el sector público o político terminan enfrentándose a figuras de poder, en muchos casos hombres, que utilizan su posición para acosar, presionar o condicionar oportunidades a cambio de favores sexuales. Este tipo de acoso, además de ser real, está aún más invisibilizado por estigmas sociales que ridiculizan o silencian a las víctimas masculinas.

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No es un rumor; es una realidad que circula en voz baja, protegida por redes de silencio, vergüenza y conveniencia.

Como dice el refrán, si las paredes hablaran, no habría despacho, ni público ni privado, que resistiera el peso de la verdad.
El problema de fondo es claro: el acoso en Colombia no es un comportamiento individual desviado, es una manifestación de relaciones de poder profundamente desiguales. Mientras eso no se reconozca, cualquier medida será superficial.

No se trata solo de castigar a algunos responsables. Se trata de desmontar una cultura que ha permitido que la dignidad humana sea negociada, condicionada y, en muchos casos, destruida.
Seguir guardando silencio ya no es una opción. Pero tampoco lo es conformarse con cambios cosméticos. Lo que está en juego no es la reputación de unas instituciones, sino la dignidad de toda una sociedad.