Por: José Baruth Tafur

En Colombia se habla de crecimiento económico, de aumento del salario mínimo y de alivios para el bolsillo de los trabajadores. Pero por Dios cuando uno mira los datos oficiales con honestidad y sin filtros políticos, la radiografía es alarmante: más de la mitad de quienes trabajan en este país son INFORMALES, es decir lo hacen sin contrato, sin seguridad social y sin ningún tipo de protección.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre marzo y mayo de 2025 la informalidad laboral se ubicó en 55,9 % del total de ocupados. Es decir, de 22,8 millones de empleos que hay en Colombia, casi 13 millones son informales. Y ahora con el incremento del salario Mínimo se hará insostenible el contratar un empleado de manera formal.

Esto significa, directo y al grano, que la “mayoría” del mercado laboral colombiano no accede a los beneficios de la formalización, ni a contribuciones para su retiro, ni a atención digna en salud, ni a estabilidad que les permita planear una vida con certezas. Esto debería ser por definición la prioridad de cualquier política pública seria, no un discurso populista que engaña al pueblo.

Pero la oscura noche aún sigue, mientras millones viven esta cruda realidad, el Gobierno ha anunciado medidas que terminan por castigar aún más al ciudadano común, sin atacar el problema estructural de fondo.

En el marco de la llamada “emergencia económica” propuesta por el gobierno del señor presidente Gustavo Petro, El Pacto Histórico plantea para financiar el presupuesto de 2026, decide incrementar el IVA para bebidas alcohólicas (como aguardiente, ron, whisky, vodka y vinos) del 5 % al 19 %, equiparándolo a la tarifa general, aunque excluyendo a la cerveza.

Esto no es un detalle menor: significa que productos de consumo popular serán gravados más fuertemente, desplazando el peso de la carga tributaria sobre los consumidores, no sobre las rentas altas o las grandes fortunas.

El Gobierno justifica esta decisión como una forma de recaudo necesario para financiar programas públicos ante restricciones fiscales. Pero la pregunta que nadie quiere responder con sinceridad es: ¿acaso era más prioritario gravar el licor que crear mecanismos reales para formalizar empleo?

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Mientras tanto, quienes tienen un empleo formal pagan impuestos y soportan cargas legislativas, y quienes están en la informalidad —que representan la mayoría de trabajadores colombianos— ni siquiera están contenidos por este sistema.

El impuesto al alcohol, aunque disfrazado de medida recaudatoria o de salud pública, golpea directamente al bolsillo de ciudadanos que ya sufren por la alta inflación y los costos de vida crecientes.

Este es un llamado a la cordura, a la objetividad No puede haber diálogo serio sobre el empleo en Colombia si más del 50 % de los trabajadores vive en condiciones de informalidad, sin protección real ni derechos laborales.

Sin formalización, cualquier aumento de salarios o impuestos es simplemente cosmético: un paliativo que no transforma la vida de la mayoría, pero sí genera mayores costos de vida. Y cuando ese aumento de impuestos termina recayendo en productos de consumo masivo, el impacto regresivo es innegable.