Por: Mauricio Gutiérrez

El departamento del Tolima enfrenta un desafío cada vez más complejo en materia de seguridad: los ataques con drones dirigidos contra la institucionalidad, una táctica moderna que emplea tecnología avanzada para generar caos, miedo y zozobra entre sus habitantes.

Estos ataques no solo representan una amenaza directa a la integridad de las fuerzas militares, sino que también suponen un riesgo latente para la población civil, afectando la seguridad, las libertades y el orden público en general.

Los delitos asociados con estos ataques incluyen terrorismo, homicidio, daño en bien ajeno y tráfico de armas, entre otros. La accesibilidad de los drones comerciales ha facilitado que grupos criminales los utilicen con fines destructivos, afectando gravemente la tranquilidad y la seguridad ciudadana.

Sin embargo, no es suficiente que las autoridades departamentales salgan a quejarse en los medios. Es hora de dejar atrás las declaraciones públicas sin acciones concretas. La situación demanda respuestas contundentes, efectivas y estrategias inmediatas para contrarrestar este fenómeno, que no solo afecta a las fuerzas del orden, sino a todos los tolimenses.

La respuesta debe ser firme y con acciones específicas, que incluyan medidas como:

1. Recompensas para desmantelar redes criminales
2. Nuevas estrategias de seguridad que incluya mayor presencia de las fuerzas de militares en las zonas de riesgo y la implementación de rondas de vigilancia específicas.
3. Regulación estricta del uso de drones para que se limite su uso para fines delictivos, y que contemple la identificación y trazabilidad de estos dispositivos.
4. Tecnología anti-drones: Es imperativo implementar sistemas que permitan detectar y neutralizar drones en zonas sensibles antes de que puedan causar daño, protegiendo tanto a las fuerzas militares como a la población civil.
5. Fortalecimiento de la inteligencia militar y policial para anticiparse a posibles ataques mediante inteligencia avanzada para evitar situaciones de alto riesgo.
6. Endurecimiento de las penas, para que el castigo sea ejemplar y proporcional al daño que estas nuevas tecnologías pueden causar en manos equivocadas.

Estas acciones requieren un compromiso inmediato y decidido por parte de las autoridades, tanto locales como nacionales, para evitar que los avances tecnológicos sigan siendo aprovechados por el crimen organizado. Este es el momento de tomar medidas firmes y decisivas para garantizar la seguridad y preservar el orden público de todos los Tolimenses.