Diputada Yully Porras reitera denuncia por millonaria deuda del Fondo Ganadero del Tolima

La asambleísta además recordó que la Gobernación del Tolima es accionista de la entidad.

Desde la Asamblea Departamental, la diputada Yully Esperanza Porras Barrero ha elevado un nuevo llamado de atención sobre la grave situación financiera que involucra al Fondo Ganadero del Tolima S.A., entidad que adeuda al departamento más de $12.000 millones de pesos por concepto del Impuesto al Degüello de Ganado Mayor.

En ejercicio del control político, la diputada solicitó a la Gobernación del Tolima información detallada sobre los montos adeudados tanto en capital como en intereses y las acciones emprendidas durante los procesos de reorganización y liquidación judicial del Fondo, con el fin de esclarecer si se han adelantado gestiones reales para recuperar estos recursos.

“Queremos saber si ha habido acercamientos con el liquidador y cuál es el plan de acción que tiene el Gobierno Departamental para proteger el patrimonio público”, expresó la diputada.

Una consecuencia directa de esta denuncia fue la reciente visita de la Contraloría General de la República a la Secretaría de Hacienda del Tolima, como parte de un proceso de control fiscal a los recursos que administra el Fondo Ganadero, incluyendo contribuciones parafiscales como las cuotas de fomento ganadero y lechero, recaudadas por cada cabeza de ganado sacrificada y por litro de leche comercializado.

Entre junio de 2016 y septiembre de 2018, el Fondo actuó como agente recaudador de estas contribuciones en las plantas de sacrificio de Ibagué y El Espinal. Una auditoría realizada por la Contraloría en 2018 reveló que no se giraron a tiempo las cuotas ni el impuesto al degüello, lo que generó hallazgos fiscales por más de $9.000 millones en ese entonces. La situación pone en evidencia un patrón de incumplimiento durante más de una década.

Aunque el Fondo se encuentra actualmente en liquidación judicial, la Gobernación del Tolima mantiene participación como accionista minoritario, con más de 7,8 millones de acciones, equivalentes al 2,07% del capital social. Además, el Departamento figura también como acreedor, ya que el Fondo le adeuda recursos públicos.

“La denuncia está hecha. Este no es un tema técnico, es un tema de justicia con los recursos públicos. Vamos a seguir ejerciendo control político y acompañando a los entes de control para que esto no quede impune”, concluyó la diputada Yully Porras.