En esta situación se habría registrado un posible caso de conflicto de interés y surgen fuertes cuestionamientos.

A través de una denuncia anónima recibida por Enfoque TeVe, se han dado a conocer presuntas anomalías en el proceso de postulación de Valentina Urueña, abogada contratista de la Alcaldía de Alvarado.

Urueña de 25 años, mantiene un contrato vigente con la Administración, identificado como el número 108 y suscrito el 15 de noviembre de 2025. Según la información disponible, sus responsabilidades incluyen la proyección de decretos, el manejo de asuntos jurídicos en la Secretaría de Gobierno y la atención a reclamaciones legales.

La denuncia indica que ella podría haber participado en la redacción de un decreto que facilitaría su propia candidatura a un puesto en control interno favoreciéndose, lo que generaría un potencial conflicto de interés.

Además, se menciona que la supervisora de su contrato 108, sería parte del equipo encargado de evaluar su hoja de vida, lo que podría interpretarse como un proceso interno sin suficiente separación de roles.

El comité evaluador, conformado por la secretaria de Gobierno y una psicóloga de la Alcaldía, ha sido criticado por presuntamente diseñar un mecanismo para descartar a otros aspirantes y favorecer a la contratista amiga y supervisada por ella misma. Se vislumbra otro aparente delito para la Función Pública.

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Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente y se basan en reportes no verificados. Urueña, quien se graduó como abogada en 2022 y obtuvo su tarjeta profesional ese mismo año, cuenta con experiencia laboral en la Alcaldía de Alvarado y la Gobernación del Tolima, enfocada en labores jurídicas no de control interno.

No obstante, se cuestiona la validez de los 36 meses de experiencia en control interno que aparecen en su perfil, ya que su trayectoria profesional como abogada suma apenas cerca de cuatro años y está habilitada por su supervisora según el comité evaluador del proceso de selección.

En este contexto, surge la interrogante sobre si el alcalde Julián Ramírez, actual mandatario municipal, está siendo informado adecuadamente del proceso. Fuentes sugieren que Ramírez confía en su equipo, pero su ausencia en el comité evaluador ha alimentado especulaciones de que podría estar ajeno a estas supuestas irregularidades, lo que algunos describen como «meterle un mico» al alcalde.

El Gobierno Municipal no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto, y se espera que las autoridades competentes investiguen para aclarar los hechos.

Este caso resalta la importancia de la transparencia en los procesos de la función pública, especialmente en entidades locales donde los recursos y las decisiones impactan directamente a la comunidad. Igual puede estar sucediendo en otras alcaldías.

Mientras tanto, se insta a esperar los resultados de cualquier indagación formal para evitar conclusiones prematuras, respetando el principio de presunción de inocencia de todos los involucrados.