Una supuesta intervención indebida y abuso de poder, provocó la queja disciplinaria contra el el jefe del Ministerio Público.

Aunque el Concejo de Ibagué, al cierre de esta redacción, decidió aplazar la elección del nuevo contralor de Ibagué ante la ausencia de uno de los ternados, Olga Lucía Lievano, y la necesidad de recomponer la terna presentada originalmente por la Universidad de La Costa, la controversia institucional que marcó la recta final del procedimiento, ya que la Procuraduría General de la Nación deberá decidir ahora si abre investigación disciplinaria contra el personero municipal, Educardo Espinosa Palacios, y su delegado Jair Alfonso Robayo Moreno, por presunta extralimitación de funciones y presiones indebidas en medio del proceso.

La queja que fue radicada, sostiene que la Personería intervino «de manera arbitraria y sin competencia» al remitir al Concejo, apenas dos días antes de la elección, un oficio que advertía sobre una supuesta inhabilidad de la candidata que ocupó el primer lugar en la convocatoria, Francy Johanna Ardila Salazar. En el documento aportado a la Procuraduría se señala que dichas comunicaciones tuvieron un efecto directo sobre el ambiente político en la corporación y pudieron incidir en la decisión de algunos cabildantes.

Según la queja, la Personería habría solicitado a los concejales contestar uno a uno un escrito que no reunía características de derecho de petición, además de «sugerir» la verificación de una posible inhabilidad que, de existir, podría poner en riesgo la legalidad de la elección. Para el denunciante, el lenguaje usado por el personero y su delegado constituyó una presión «preventiva-sancionatoria» que excedió sus competencias y generó un ambiente de intimidación jurídica en vísperas de la votación.

La discusión tomó un cariz político: mientras sectores del Concejo señalaron la comunicación como «impertinente e inoportuna», desde la Personería se insistió en que se trataba de un acto preventivo para evitar posibles vicios en la elección. El episodio tensó las relaciones entre la Personería y algunos concejales, y abrió cuestionamientos sobre el papel del Ministerio Público en procesos electorales a nivel territorial.

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Con la suspensión de elección del nuevo contralor, el capítulo administrativo aún no se cierra, pero el disciplinario seguirá su curso. La queja solicita a la Procuraduría la suspensión provisional del personero y su delegado, alegando la gravedad de la intervención y la posibilidad de que se repitan actuaciones similares en otros procesos.

Para analistas políticos, el caso abre un precedente sobre los límites del control preventivo en las entidades territoriales y sobre el peso que pueden tener las advertencias institucionales en decisiones de carácter político. Más aún, se inscribe en un momento en el que los organismos de control locales enfrentan constantes cuestionamientos por su relación con las corporaciones públicas y los gobiernos municipales.

Lo que viene

La Procuraduría deberá determinar si los hechos configuran extralimitación de funciones, abuso de autoridad o desviación del poder público, como lo plantea la denuncia. Aunque la elección no realizada no produjo efectos administrativos, una eventual sanción podría impactar directamente en la continuidad del personero y en la conducción institucional de la Personería Municipal durante los próximos meses.

Por ahora, lo único claro es que la discusión jurídica no terminó con la suspensión de elección del contralor: apenas se trasladó de la arena política del Concejo a los estrados disciplinarios del Ministerio Público.