Por: Willy Santiago Ortiz

Usualmente, la política juvenil ha sido un discurso institucional empleado para los jóvenes como una propuesta de desarrollo en las campañas, de esta manera, busca que los jóvenes sean agentes y protagonistas en la política por el bien común de realizar cambios. Sin embargo, al pasar del discurso a la realidad, la incógnita es inevitable: ¿realmente estamos fomentando una política juvenil transformadora o solo estamos reproduciendo viejas prácticas con rostros jóvenes?

La política juvenil que se estima no debe estar limitada a la campaña constante de eventos esporádicos, imágenes visuales en el medio tecnológico o espacios de participación; en su lugar, debe ser un proceso constante de formación que evoque el escucha y la construcción colectiva como actores en la toma de decisiones para el presente y el futuro, con el fin de que la intervención de los jóvenes transcienda del simbolismo.

Por lo tanto, en la ciudad es importante el cuestionamiento claro de la promoción ante la política juvenil con el objetivo de abrir un debate: ¿Se están creando espacios reales de incidencia o solo escenarios controlados donde la voz juvenil es escuchada, pero no tomada en cuenta? ¿Se está apostando por procesos de largo plazo o por acciones rápidas que solo buscan cumplir indicadores?

Aunque la juventud se ha acercado a la política con grandes ideas y optimismo para transformar el entorno, no obstante, en el camino se encuentran con barreras: falta de acompañamiento, poca información, burocracia excesiva y, en algunos casos, una visión que subestima su capacidad. Esto no solo logra desmotivar a los jóvenes, sino que termina alejando a quienes podrían aportar miradas frescas y soluciones innovadoras a los problemas de la ciudad.

La política juvenil debe ser diversa, incluyente y sensible a las realidades que atraviesan a los jóvenes. No todos viven las mismas condiciones ni enfrentan los mismos retos. Por eso, pensar una política juvenil homogénea es un error. Es necesario reconocer las voces, experiencias y luchas que coexisten en los territorios, especialmente aquellas que históricamente han sido invisibilizadas.

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Desde mi postura personal y política, asumir un rol como consejero municipal implica una responsabilidad que va más allá del cargo. Significa entender que la participación no es un privilegio, sino un derecho, y debe servir para garantizar ese derecho a todos y todas. De esta manera, durante mi periodo como consejero municipal, uno de mis principales compromisos será trabajar de manera decidida en el apoyo y la defensa de las personas con condiciones diversas.

Hablar de inclusión no puede quedarse en buenas intenciones; requiere acciones concretas, voluntad política y un enfoque que ponga en el centro la dignidad humana. Las personas con circunstancias variadas, especialmente jóvenes, enfrentan barreras físicas, sociales y culturales que limitan su participación en los espacios políticos y comunitarios. Mi apuesta es contribuir a derribar esas barreras, promoviendo una política juvenil que reconozca la diferencia como una riqueza y no como un obstáculo.

La política juvenil que necesitamos es aquella que incomoda, cuestiona y construye desde el territorio y la experiencia. Una política que no tema escuchar críticas y que esté dispuesta a transformarse. Hoy, más que nunca, necesitamos pasar del discurso a la acción, y preguntarnos si estamos formando jóvenes para repetir lo mismo o para cambiarlo todo. Porque al final, la verdadera pregunta no es si los jóvenes pueden hacer política, sino si la ciudad está preparada para escucharlos y permitirles transformar la realidad que durante años otros decidieron por ellos.