El gremio reclama ajustes estructurales en su esquema de remuneración y denuncia que sus ingresos están muy por debajo de los de otros operadores de justicia, pese a la alta carga laboral.

Defensores públicos adscritos a la Defensoría del Pueblo participaron recientemente en una manifestación de alcance nacional con el fin de exponer las dificultades laborales que enfrentan en el ejercicio de sus funciones. La protesta estuvo motivada, en primera instancia, por el retraso en el pago de los honorarios correspondientes al mes de diciembre, los cuales fueron cancelados apenas en las últimas horas.

No obstante, representantes del gremio señalaron que esta situación es solo una expresión de un problema más amplio y persistente. Jorge Lozano Guarín, defensor público en el Tolima, explicó que la inconformidad principal radica en la marcada diferencia salarial existente frente a otros actores del sistema judicial. De acuerdo con el funcionario, la remuneración de los defensores es «notoriamente inferior» a la que reciben jueces, fiscales y procuradores en el país.

El defensor indicó que la labor que desempeñan implica una elevada responsabilidad y una considerable exigencia profesional. Cada abogado debe atender simultáneamente numerosos procesos judiciales, lo que deriva en una carga de trabajo significativa que, según el gremio, no guarda proporción con los ingresos actuales ni con la complejidad de los casos que asumen.

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Aunque el pago pendiente ya fue efectuado, los defensores sostienen que la solución no puede limitarse a la cancelación de honorarios atrasados. Aseguran que la movilización buscó llamar la atención sobre la necesidad de una reforma estructural que permita mejorar las condiciones económicas y laborales en las que prestan el servicio de defensa pública.

Finalmente, los profesionales hicieron un llamado a las entidades competentes para que se valore de manera integral el papel que cumplen dentro del sistema judicial. Advirtieron que, sin una remuneración adecuada y una distribución razonable de la carga procesal, se dificulta garantizar una defensa técnica efectiva para las personas en condición de vulnerabilidad que dependen de este servicio estatal.