Hace un llamado a la institucionalidad del Estado a prevenir el riesgo de conflictos sociales en 133 municipios de 24 departamentos y en cinco localidades de la capital del país.

Debido a diversos factores de riesgo que podrían generar alteraciones del orden público en 133 municipios de 24 departamentos, incluida la capital del país, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante lo que podría ser el escalamiento de la conflictividad social en el marco del proceso electoral, durante o después de la jornada democrática que se avecina.

“De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales de este 29 de octubre. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”, indicó Camargo.

Los 12 departamentos con más municipios en riesgo son Bolívar (13); Antioquia y Chocó (11 cada uno); Sucre y Magdalena (nueve cada uno); Caldas, Meta y Córdoba (siete cada uno), y Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá (seis cada uno). Les siguen Norte de Santander (cinco); Cundinamarca, Nariño, Huila y Atlántico (cuatro cada uno); Casanare y Cesar (tres cada uno); Caquetá, Risaralda y Valle del Cauca (dos cada uno), y Guaviare y Tolima (uno cada departamento).

Para el caso de Bogotá, revisten riesgo las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz (en el sur de la ciudad), Kennedy (suroccidente) y Suba (noroccidente).

Los principales factores de riesgo a tener en cuenta para prever el escalamiento de la conflictividad electoral a situaciones de violencia durante la jornada democrática son:

– Las irregularidades electorales, como el incremento atípico de inscripción de cédulas y trashumancia electoral.

– Antecedentes de protestas, disturbios y asonadas en las elecciones regionales del 2011, 2015 y 2019.

– Las movilizaciones, manifestaciones o plantones previos al certamen electoral, que durante los primeros nueve meses del 2023 aumentaron 26% en relación con el mismo periodo del año pasado.

– Resoluciones sobre solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos, falta de confianza en las instituciones y en el proceso electoral.

– La polarización política y pugnacidad entre las campañas.

En lo corrido del año, y en el desarrollo de las actuales campañas, se han presentado distintos tipos de expresiones y manifestaciones sociales. Este tipo de acciones tiene incidencia en la polarización social y política y puede, en el desarrollo de los comicios o posteriormente a ellos, repercutir en el reconocimiento de los resultados.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, titulado ‘Advertencia de riesgo de protestas, disturbios y/o asonadas en el marco de las elecciones del 29 de octubre de 2023’, se registraron 11 manifestaciones relacionadas específicamente con las elecciones en los departamentos de Atlántico, Valle de Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Casanare, Cesar, entre otros.

Estos casos se suman a los 1252 conflictos sociales registrados entre enero y septiembre de este año, lo cual significó un incremento del 26% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando fueron reportados 990 eventos de la mencionada naturaleza.

El aumento de tensiones sociales derivadas de ataques entre y hacia candidatos y movimientos políticos podría desencadenar en hechos de violencia durante o después de la jornada democrática. Un posible fraude por margen menor de votos sería un detonante de un episodio de violencia.

La Defensoría ha conocido y observado con preocupación los continuos ataques entre y hacia los candidatos en los departamentos de Santander, Córdoba y Casanare, y en Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, además de otras ciudades. A ello se suman discursos que tienen como propósito deslegitimar el rol de los organismos electorales.

El llamado de la institución nacional garante de los derechos humanos es a que tanto autoridades electorales y administrativas como la fuerza pública adopten medidas de prevención.

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“El fin primordial es evitar hechos que afecten la vida, integridad y libertad de los ciudadanos, como también es esencial evitar situaciones que vulneren los derechos a elegir y ser elegido”, señaló Carlos Camargo.

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomienda:

– A los ministerios del Interior y Defensa y a la fuerza pública, en el desarrollo del Plan Democracia, implementar medidas de contingencia que permitan prevenir posibles alteraciones del orden público durante y después de los comicios.

– Al Ministerio del Interior, poner en marcha canales de comunicación para abordar eficazmente cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar y amenace la jornada de elecciones, el preconteo de votos y los escrutinios.

-A la fuerza pública, trabajar en el refuerzo de los dispositivos de seguridad de los puestos de votación y sedes de la Registraduría Nacional, alcaldías y otras edificaciones y bienes públicos que pudieran resultar afectados por eventuales asonadas o disturbios.

– A los candidatos, partidos y movimientos políticos, utilizar los mecanismos legales para interponer las respectivas denuncias de delitos o irregularidades electorales, y no incentivar o promover que sus militantes y seguidores recurran a la violencia o a acciones que alteren el normal desarrollo de la jornada y sus resultados.

“Con el fin de garantizar el derecho a la participación democrática, ponemos al servicio de las autoridades, de los partidos y movimientos políticos y de la ciudadana en general nuestra facultad mediadora. Porque de lo que se trata es de facilitar los canales de diálogo cuyo fin sea la resolución pacífica de los conflictos, a través de nuestra Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social y nuestras 42 Defensorías Regionales en todo el país”, recalcó el defensor del Pueblo.