El economista Guillermo Naranjo hace un análisis con base a lo que puede suceder en Ibagué y cuestiona los argumentos de algunos líderes de opinión de esta región.

En medio de la controversia generada por el decreto presidencial que establece el incremento del salario mínimo para 2026, el economista Guillermo Naranjo, docente universitario y columnista, cuestiona los argumentos de figuras locales como la exdirectora de Fenalco Tolima, Alba Lucía García; el excandidato a la Gobernación, Jaime Eduardo Reyes; el vocero del Comité Intergremial del Tolima, Efraín Valencia; y la gobernadora Adriana Magali Matiz.

Naranjo sostiene que estas críticas parten de premisas erróneas sobre la naturaleza del mercado laboral en la región, proponiendo una visión que equilibra la protección al trabajador con alertas sobre la inflación.

Según el analista, el principal error de ellos radica en aplicar la teoría neoclásica económica «como si Ibagué fuera un mercado laboral formal y competitivo». En cambio, describe el contexto local como «un mercado completamente imperfecto», marcado por «evasión, explotación laboral e informalidad». Bajo esta óptica, el salario mínimo no opera como un «precio de equilibrio», sino como «una referencia parcial en un mercado distorsionado».

Los críticos locales anticipan consecuencias negativas como el alza de precios, costos laborales elevados, mayor desempleo e informalidad creciente. Naranjo reconoce que podría haber «un brote inflacionario», pero confía en la labor del Banco de la República para contenerlo: «Confío plenamente en el Banco de la República, que es lo importante y repito, y es que no se toque la independencia del Banco de la República».

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En respuesta específica a García, quien argumenta que el aumento no considera la productividad, Naranjo admite que «el aumento no está ligado directamente a mejorar productividad». Sin embargo, enfatiza que esta no prospera en entornos como el de Ibagué, dominados por «informalidad», «competencia ilegal» y «evasión sistemática de muchos empresarios». Añade que «salarios bajos sostenidos en el tiempo no resolvieron ese problema, por el contrario, lo normalizaron», posicionando el incremento como «una dignificación al trabajador para mejorar su calidad de vida», aunque advierte la necesidad de «tener mucho cuidado con la inflación».

Dirigiéndose directamente a la alcaldesa Johana Aranda, a la gobernadora Adriana Magali Matiz, a los gremios y a Efraín Valencia, el economista y docente universitario destaca su realidad económica de la Ciudad Musical: «Evidentemente Ibagué es una economía informal, y ojo al dato, y criminal. Depende mucho de ingresos criminales, donde no hay un ajuste desde el salario mínimo». Señala prácticas abusivas en el sector comercial, como la falta de pago de horas extras y el no reconocimiento de beneficios: «Allá en el centro comercial (La Estación) y en todos los establecimientos, a los trabajadores no les pagan horas extras, a los trabajadores no se les reconoce mucho de sus beneficios, han sido sobreexplotados».

Para él, este ajuste representa «una victoria importante para los trabajadores». Aclara su postura personal: «Aclaro a todos que no soy petrista ni izquierdo».

Respecto a la advertencia fiscal de la gobernadora Matiz sobre el impacto en el plan de alimentación escolar, Naranjo la considera «válida», ya que el aumento «desajusta los contratos y reduce el margen de inversión». No obstante, atribuye el problema no al salario en sí, sino a «un esquema de financiación territorial rígido, altamente indexado y con baja autonomía fiscal».

Concluye que «el salario vuelve a aparecer como un culpable de un diseño institucional territorial débil».

Esta perspectiva de Guillermo Naranjo invita a un replanteamiento del debate sobre el salario mínimo en contextos regionales como el Tolima, donde la informalidad y las distorsiones económicas desafían los modelos teóricos tradicionales. Mientras el gobierno nacional defiende el incremento como medida de equidad, voces locales insisten en sus riesgos para la competitividad y la estabilidad fiscal, abriendo interrogantes sobre cómo equilibrar el bienestar laboral con la sostenibilidad económica en mercados imperfectos.